Por Enrique Larre
Ex Core
La reciente decisión de revisar el emplazamiento donde se construirá el nuevo Hospital de La Unión —tras la consulta indígena y los hallazgos arqueológicos— ha dejado más preguntas que respuestas. Y lo más preocupante: ha vuelto a instalar esa vieja sensación de abandono y frustración que por años se ha sentido en nuestra región.
Los habitantes de La Unión, y de toda la provincia del Ranco, hemos esperado con paciencia. Con esperanza. Y con profundo respeto por los procesos. Entendemos la importancia del diálogo cultural, de la protección del patrimonio, y de las responsabilidades que el Estado debe cumplir. Pero también esperamos lo mismo de vuelta. Esperamos compromiso con nuestra salud, con nuestros tiempos, con nuestras urgencias.
Cambiar el hospital a otro terreno, cuando ya hay años de estudios, diseño y financiamiento comprometido, es tomarse las cosas a la ligera. Es empezar todo de nuevo: comprar un nuevo terreno, hacer estudios de suelo, rediseñar, tramitar permisos… y volver a esperar. Pero no por meses. Por años.
¿Quién se hace responsable de esa espera? ¿Quién responde por los diagnósticos tardíos, por los viajes innecesarios, por el colapso en la atención de salud? Por ahora, la respuesta es el silencio. Y una sensación creciente de que este territorio ha sido nuevamente empujado al último lugar de las prioridades.
Esto no es solo un proyecto de salud. Es una esperanza. Y también es una prueba de fuego: cuando los problemas ocurren en las regiones más alejadas, las soluciones siempre llegan más lentas, más difíciles, más inciertas.
Por eso se exige que se agoten todas las posibilidades para mantener el hospital en su lugar original, por respeto y con sentido común. Que la decisión se tome con evidencia técnica, con visión territorial y, sobre todo, con respeto por la dignidad de quienes vivimos aquí. No queremos la decisión “políticamente correcta”. Queremos la que sea más justa y eficiente para la comunidad.
Las autoridades no están para administrar la espera. Están para garantizar derechos. Y el derecho a una salud digna no se posterga, no se cambia de lugar, no se borra de un plano. Se cumple. Se construye. Se honra.
Ha llegado el momento de que las autoridades dejen de mirar hacia el lado y asuman su rol con seriedad. Que dejen de administrar el problema y se pongan del lado de la ciudadanía. No se trata de cálculos políticos ni de neutralidad cómoda. Se trata de defender a las personas. De tomar decisiones correctas. Y de responder con hechos, no con excusas.
Porque lo que está en juego no es solo un terreno.
Es el presente y el futuro de todo un territorio.
