La acción legislativa modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales del Proyecto de Ley presentado en 2018 por los entonces diputadas y diputados Carmen Hertz, Jorge Alessandri, Renato Garín, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Diego Schalper y Matías Walker.
El ministro Luis Cordero destacó que: “»Esta es quizá una de las reformas más significativas al sistema procesal penal, esencialmente porque lo completa».
La acción legislativa se da en el marco de la actual situación penitenciaria que vive el país, donde se ha experimentado un alza sin precedentes de la población privada de libertad.
Considerando que en Chile no existen jueces de vigilancia penitenciaria o jueces de ejecución de penas, la aprobación de la moción busca específicamente la presencia de tribunales especializados en la ejecución de las penas, considerando que el hacinamiento carcelario innegablemente significará un aumento en la conflictividad al interior de las unidades penales.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Ríos, Jorge Ríos del Río, estableció que “la reforma al sistema procesal penal implica un control jurisdiccional de la ejecución de penas y medidas de seguridad; permite la asignación de jueces especializados y salas exclusivas para la ejecución de penas; crea un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y especializado; Y perfecciona los mecanismos de control judicial de la ejecución de la pena”.
El aspecto más importante de la ley en cuestión es el establecimiento de un control de carácter jurisdiccional respecto de la fase de la ejecución de la pena, instancia anhelada por diversas instituciones que participan del sistema de justicia penal, centros de estudio, parlamentarios y en general de la doctrina.
