El senador por la región de Los Ríos, Iván Flores (DC), reiteró su preocupación por la crisis económica que experimenta actualmente la Universidad Austral de Chile (UACh), y reiteró la necesidad de nombrar un administrador provisional “para evitar el salto al vacío”. El legislador resaltó la gravedad de la situación financiera de la institución y expresó su inquietud por “la carencia de capacidad de gobernar, administrar y transparentar lo que está ocurriendo”.
En esa línea, el parlamentario enfatizó que “la Universidad Austral es demasiado importante para que esté pasando por todo esto. El directorio, encargado de salvaguardar el patrimonio y supervisar los actos vinculados con los pasivos y activos, no sólo ha demostrado ser ineficaz, sino que también ha contribuido al problema. El ajuste debe ser integral, no sólo con los trabajadores o con aquellos que no generan dificultades. Aquí enfrentamos diversos problemas, desde la falta de gobernabilidad hasta la dificultad para administrar las cuentas. Se han cometido errores monumentales en la obtención de créditos, y creo que estamos al borde de lo que podría considerarse un delito”.
Junto con recordar que la deuda actual de la universidad supera los 90 mil millones de pesos, con pérdidas cercanas a los 30 mil millones, Iván Flores reiteró que el tema de la acreditación sigue en investigación. “Se ha instalado una investigación por un proceso de acreditación que tuvo como base información falsa, por incapacidad o intencionada, y eso es muy grave por lo que significa la acreditación de los centros de educación superiores del país, y es un tema aún abierto y gravísimo”, dijo.
El senador igualmente expuso su opinión ante la postura de la Superintendencia de Educación y el Gobierno, quienes han optado por brindarle a la universidad la oportunidad de presentar un plan de recuperación concreto en lugar de designar un administrador provisional. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que la falta de conciencia y decisiones colegiadas en la universidad puedan comprometer cualquier medida correctiva.
“El Gobierno y la Superintendencia no quieren asumir la responsabilidad de designar un administrador provisional, que es lo que se necesita: alguien externo con poder y capacidad de liderazgo y todas las atribuciones para reorganizar la universidad. Sin embargo, el riesgo de fracaso con un administrador provisional es alto, y eso es algo que evidentemente no están dispuestos a aceptar”, cerró el legislador.
