Pese a que la polémica estalló a nivel regional desde hace ya varios meses, esta semana circularon en redes sociales los antecedentes de un supuesto caso de malversación de caudales públicos que se habría registrado durante los últimos años en la Municipalidad de Río Bueno.
Una de las personas que ha denunciado públicamente esta situación es el ex administrador municipal de Río Bueno, Helmuth Palma, quien ocupó dicho cargo entre abril y diciembre del año pasado, luego de lo cual fue sorpresivamente despedido por la alcaldesa Carolina Silva. ¿La razón? “Falta de fiato”, explicó en su momento la jefa comunal.
Consultado por las repercusiones a nivel nacional que ha tenido este caso en los últimos días, Palma comentó que “primero que todo es lamentable por los recursos públicos, y también por la gente, ya que al final del día confían en la institucionalidad comunal, pero cuando se empiezan a saber este tipo de cosas, lamentablemente se ve afectada la institucionalidad pública. Lo positivo es que se están empezando a transparentar cosas que venían ocurriendo al interior del municipio y que hoy están siendo investigadas”.
El ex administrador sostuvo que “son antecedentes de público conocimiento, por dos procesos de auditorías que se realizaron al interior del municipio. En el año 2018 se desarrolló una auditoría por parte de la empresa Fortunato, y esa investigación que tuve la oportunidad de revisar, arrojaba diferencias en saldos, que existían cuentas corrientes que no estaban registradas en la contabilidad, y varias otras observaciones. Otra cosa que señalaba esa auditoría de Fortunato, es que no estaba a disposición toda la documentación que ellos solicitaron”.
“Cuando se realiza la auditoría del año 2022, de la empresa Cabrera y Santelices, también arroja una serie de hallazgos, con diferencias en los saldos bancarios, así como concentraciones de órdenes de compra, observaciones en un proceso licitatorio de un edificio municipal, y así otros aspectos”, agregó el profesional.
Palma complementó que “luego de eso vino la segunda parte de la auditoría que era la apertura de cuentas bancarias, en que yo era la contraparte técnica municipal ante la empresa auditora, pero la alcaldesa procedió a desvincularme en diciembre de 2022, por lo tanto ese proceso todavía no se ha llevado a cabo”.
“Si nos centramos en las cuentas corrientes, ha sido de público conocimiento lo que ha pasado en otras comunas del país con la empresa Global SpA, y que es la empresa que también sostuvo bajo los mismos términos y condiciones contratos con la Municipalidad de Río Bueno, lo que también está siendo investigado por la Fiscalía del Ñuble”, añadió.
“La alcaldesa me apartó de las reuniones sobre el proceso de auditoría”
El ex administrador municipal recordó que “a la alcaldesa, con fecha 6 de junio de 2022, le represento una serie de situaciones que me parecen irregulares que no me había tocado presenciar en la administración pública. Por ejemplo, le represento situaciones con respecto al arriendo de un edificio municipal, pero no tuve respuesta por parte de la alcaldesa, y en ese mismo documento le pedí que por favor esos documentos los envíe a Contraloría, cosa que se hizo. Se lo reitero el 6 de julio, luego en agosto, y después el 29 de septiembre. La última vez una de las abogadas del municipio me respondió que la alcaldesa estaba recién evaluando enviar esa situación”.
“En paralelo a eso, salen los primeros resultados de la auditoría y le presento a la alcaldesa una serie de hallazgos que trae este proceso de auditoría, algunos de mucha gravedad. Luego de eso, la alcaldesa me apartó de las reuniones respecto al proceso de auditoría, hasta que en diciembre me despide y me indica que va a ver lo de la auditoría con el abogado”, agregó.
Consultado por el monto de $1.100 millones que se ha difundido públicamente y que correspondería a la supuesta malversación, Palma señaló que “ese monto lo sacaron quienes destapan esta noticia, sumando todas las diferencias que venían de los distintos años con respecto a los recursos. El otro monto que se habla son los 2.000 millones de pesos de concentración de órdenes de compra solamente en dos proveedores, y eso sí está presente en la auditoría de Cabrera y Santelices entregada en noviembre de 2022”.
Con respecto a las responsabilidades de esta situación, el profesional comentó que “la responsabilidad es algo que le compete investigar al Ministerio Público, y luego a los tribunales de justicia ver dónde están esas responsabilidades. Ahora, desde la función pública siempre hay responsabilidades administrativas o penales según sea el caso”.
“Lo que sí puedo decir, es que creo que hay un mal manejo de los recursos públicos, desde el punto de vista del desorden y la priorización. Atribuir o no un delito a esta situación no me corresponde, y le compete al Ministerio Público”, enfatizó Helmuth Palma.
