sábado, abril 20, 2024

Un total de 513 entrevistas videograbadas se realizaron durante el presente año en la región de Los Ríos

La jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, Ximena Valenzuela, destacó que esta diligencia investigativa ha permitido minimizar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves.

La Fiscalía Regional de Los Ríos efectuó un balance sobre los beneficios que ha implicado la implementación en esta zona de la Ley 21.057 sobre Entrevista Investigativa Videograbada (EIV), cuyo objetivo es evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves durante su participación en el proceso penal.

Este año se han efectuado en la región 513 entrevistas, las que sumadas a las 198 que se realizaron en 2021 totalizan 711 desde que entró en vigencia la ley en Los Ríos, el 3 de junio del año pasado.

Las entrevistas videograbadas se han llevado a cabo en nueve salas especialmente acondicionadas en la región para esta diligencia, de las cuales cuatro pertenecen a la Fiscalía (ubicadas en La Unión, Los Lagos, Mariquina y Valdivia), cuatro al Poder Judicial (en Panguipulli, Mariquina, Los Lagos y Valdivia) y una a la PDI (en Valdivia).

La región cuenta actualmente con 12 entrevistadores formados y acreditados. Seis de ellos son fiscales, abogados y profesionales de la Fiscalía, tres pertenecen a Carabineros y tres a la PDI. Para el próximo año está proyectada la formación de dos nuevos entrevistadores de la Fiscalía.

Además de las 513 entrevistas realizadas este año, los entrevistadores de la región efectuaron 14 más a solicitud de Fiscalías Locales de otras regiones, en tanto que los fiscales de Los Ríos solicitaron que 18 diligencias investigativas de este tipo se llevaran a cabo en otras regiones.

Jefa de la Uravit

La jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional, Ximena Valenzuela, destacó que esta ley ha contribuido a minimizar la victimización secundaria, porque evita que los niños, niñas y adolescentes participen en diligencias innecesarias, dada la calidad y transparencia del relato que allí se obtiene, y porque se respeta su voluntad de participar o no en el proceso penal.

También sostuvo que la calidad del relato que se obtiene en la entrevista permite a los fiscales tomar decisiones investigativas oportunas y certeras, agilizando la investigación y el proceso judicial en su caso.

Asimismo, explicó que un hito importante en 2022 fue la puesta en marcha del sistema informático de gestión de la Fiscalía para las entrevistas videograbadas, que ha permitido dar mayor fluidez y rapidez al proceso, y que la organización centralizada en la jefatura de Uravit y la constante coordinación con los enlaces regionales de las distintas instituciones involucradas y con los administradores de las salas, ha permitido entregar la debida cobertura regional para la realización de las entrevistas.

Dedicación exclusiva

Respecto de las dificultades detectadas, Ximena Valenzuela expresó que “los entrevistadores no tienen dedicación exclusiva ni necesariamente preferente en su labor, lo que implica que la disponibilidad de tiempo para ejercer este rol es limitada, afectando el cumplimiento de la celeridad que exige la ley para la realización de las entrevistas”.

Agregó que existe la mejor voluntad de cada una de las jefaturas de las instituciones involucradas para poner a disposición a sus entrevistadores, pero el hecho de que cumplan otros roles igual de fundamentales que éste, les impide tener una mayor disposición de tiempo. “Esta situación se debe a que la ley no contempló presupuesto para contratar personas para cumplir el rol de entrevistador y tampoco el de quienes deben operar las salas, que actualmente corresponde a funcionarios de la Fiscalía, Carabineros y la PDI”, puntualizó.

Finalmente, la jefa de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional destacó como una buena práctica la adoptada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia respecto de permitir la declaración anticipada de los niños, niñas o adolescentes cuando se suspende un juicio oral en el que deben participar como víctimas, evitando que deban volver a concurrir al tribunal para la fecha en que se reprogramó dicho juicio.

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