El pasado 1 de octubre de este año, el abogado Luis Soto Pozo asumió su segundo periodo como defensor regional de Los Ríos tras ganar un concurso público, tal como lo hiciera en su primera gestión que comenzó en junio de 2017.
El máximo representante de la Defensoría Penal Pública a nivel regional es titulado de la Universidad de Chile, y cuenta con un magíster en derechos fundamentales y proceso penal desde el derecho internacional realizado en la Universidad de Sevilla. Desde 2014 es profesor de derecho penitenciario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile (UACh).
Su trayectoria como defensor partió en Puerto Aysén entre 2005, hasta que en 2011 asumió como defensor local de Valdivia. Desde enero de 2013 ejerció como jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos, labor que desempeñó hasta asumir como defensor regional.
Luego de cinco años en el cargo, el profesional se tomó el tiempo para realizar una evaluación de su trayectoria, enumeró los principales desafíos de cara a su segundo periodo, y también analizó algunas temáticas vinculadas a la contingencia del sistema penal.
¿Qué evaluación realiza de su primer periodo como defensor regional de Los Ríos?
– En el plano interno, institucional, logramos afianzar un equipo de trabajo, y también aumentar nuestro número de defensores. Creamos defensas especializadas, ya que no teníamos defensores especializados indígenas ni tampoco defensor penitenciario. Teníamos sólo una defensora penal adolescente, y ahora contamos con dos, y se suman también los defensores de tramitación general. Todo esto es importante, puesto que la institución apunta desde hace ya varios años a que se preste una defensa especializada de aquellos grupos más vulnerables, como son los adolescentes, indígenas y los condenados.
También tenemos que destacar que las relaciones con los demás intervinientes del sistema penal son muy buenas, tanto con el Poder Judicial como con el Ministerio Público, entendiendo los roles que cada uno cumple y respetando esos papeles. También tenemos buenas relaciones con los órganos que coayudan a las investigaciones como Carabineros, PDI y el Servicio Médico Legal.
Pero no sólo mantenemos buenas relaciones, sino que en el periodo anterior, uno de los ejes fue potenciar desde nuestras propias capacidades y conocimientos, la capacitación de los funcionarios policiales. A nosotros como defensores no nos interesa ganar un proceso mediante errores que pudiesen cometer las policías, sino que nos interesa que el procedimiento sea lo más ajustado a derecho, y desde esa óptica hemos capacitado a Carabineros y PDI en diligencias de investigación, y en los controles de identidad. Lo que buscamos es potenciar no sólo el trabajo de ellos, sino que reforzar también el respeto por las garantías y derechos de quienes se ven involucrados en el sistema penal.
¿Qué expectativas tiene de este segundo periodo?
– Las expectativas son por un lado continuar posicionando y educando sobre el rol que cumple la Defensoría Penal Pública dentro de la comunidad, ya que nosotros también podemos aportar a un concepto que hoy es muy requerido por la ciudadanía que es el de la seguridad. Podemos colaborar porque realizamos todo un trabajo de apoyo a la reinserción de las personas que están cumpliendo condenas, buscamos potenciar que existan mecanismos alternativos de solución de conflictos y que no todo se traduzca simplemente en privaciones de libertad o medidas cautelares gravosas.
Creemos que en la medida que continuemos un trabajo colaborativo con las policías, no sólo va a haber un mayor respeto por las personas que caen en el sistema penal, sino que también va a existir un mayor respeto por el trabajo y la función policial.
Además, esto se trata también de hablar sobre la manera en que como sociedad podemos potenciar y reforzar los mecanismos que nos ayuden a superar este flagelo de la delincuencia. No toda persona que la Defensoría Penal Pública atiende es un delincuente, pero aún cuando lo fuere, lo importante es entender que aún esa persona, por el más grave delito que se le impute, tiene derechos y garantías. Estamos en una sociedad democrática en que nos hemos dado ciertas herramientas para buscar nuestra seguridad, pero ese logro no puede ser a cualquier costo. No podemos rebajar las garantías en aras de realizar una persecución penal. Debemos reforzar esas garantías porque eso va a darle legitimidad a una eventual sentencia condenatoria.
Tenemos que también preocuparnos de los internos privados de libertad, y también de los funcionarios que tratan con ellos que son Gendarmería. No todo se soluciona mediante privaciones de libertad, porque junto con ello debemos tener las condiciones como Estado suficientes y dignas para atender a esa gente, y ello no ocurre. Los porcentajes del presupuesto de Gendarmería destinados para reinserción son menores al 4%, cuando debiese ser una de las finalidades principales. Difícilmente vamos a tener reinserción si Gendarmería no tiene las herramientas necesarias ni suficientes para realizar aquello.
Además de eso, hay otras instituciones que están muy debilitadas y que tenemos que entender que deben ser reforzadas. Me refiero por ejemplo a la institución de libertad condicional. Hasta hace unos años atrás, sobre el 70% de la gente que postulaba a libertad condicional obtenía este mecanismo alternativo para el cumplimiento del saldo de su pena, pero actualmente menos del 2% de la gente que postula a libertad condicional la obtiene.
¿A qué se refiere con esto?
– Hablo de esto, porque las pocas estadísticas que hay nos indican que menos del 20% de la gente que obtiene formas de cumplimiento a través de la libertad condicional, reincide, es decir uno de cinco o incluso menos. Sin embargo, el que cumple íntegramente su condena privado de libertad, antes de los cinco años, sobre el 60% vuelve lamentablemente a delinquir. Entonces si buscamos generar una sociedad más segura, pareciera que hay que buscar estos mecanismos alternativos de cumplimiento de pena para algunos delitos, más que simplemente aumentar y rigidizar las penas y las formas de cumplimiento de las mismas.
Esos son los desafíos para la siguiente etapa, y sin duda que la más importante de todas, es lograr la autonomía legal o constitucional, que nos ponga en un pie de igualdad con nuestra contraparte que es el Ministerio Público, y no quedemos sujetos a los vaivenes económicos o eventualmente políticos de los gobiernos de turno.
¿Cuáles son las defensas especializadas existentes en la región? ¿Cuándo aplica cada una?
– Tenemos primero una defensa especializada indígena que está radicada en Panguipulli y que atiende básicamente a personas de esa comuna, y también de Lanco y Mariquina, donde un número importante de imputados eventualmente son de origen mapuche o se reconocen parte de la nación mapuche. En este tipo de defensa hay ciertos conceptos que son diferentes al que tiene una persona de origen chileno, como por ejemplo, el mapuche vive mucho en comunidad y tiende a buscar resolver sus problemas de forma comunitaria, no de forma individual.
Cuando un chileno tiene un problema penal, él viene a la oficina, eventualmente acompañado de algún familiar. Cuando una persona perteneciente a una comunidad mapuche tiene un problema, toda la comunidad siente como suyo ese problema y también hay que asumirlo de esa manera, lo que implica muchas veces que la defensora debe ir a la comunidad y no sólo hacer una labor de socializar el proceso penal, sino que también explicar los alcances de una eventual investigación.
Actualmente estamos en pleno proceso licitatorio para tener una segunda oficina de defensa especializada mapuche en Valdivia, con un asistente administrativo, un facilitador intercultural y un defensor especializado, que va a atender a sobre 600 imputados por año de origen mapuche entre Valdivia y Corral.
También tenemos una defensa especializada para adolescentes. Las estadísticas nos muestran un declive evidente y persistente del número de adolescentes que se ven involucrados en el sistema penal, que es una tremenda buena noticia. Al contrario de lo que se pueda creer, los jóvenes cada vez se ven menos involucrados en situaciones penales. Lo que ocurre es que muchas veces los casos provocan mucha conmoción en la ciudadanía, pero lo cierto es que desde que se implementó la ley de responsabilidad penal adolescente en 2007, ha habido un avance notable porque se entregaron recursos para generar debidamente la reinserción de los adolescentes que se veían involucrados en distintos tipos de delitos.
Tenemos también la defensa penitenciaria, en que se realiza un trabajo bastante difícil, ya que la labor es específicamente con personas condenadas. Actualmente, existe un aumento importantísimo de casos y de personas privadas de libertad que no son necesariamente de la región, sino que han sido trasladados a Valdivia principalmente desde Valparaíso y Santiago, trayendo consigo dificultades, como perder el contacto como familia que es el ancla que genera eventualmente la reinserción, y eso además genera desarraigo y problemas al interior de las cárceles. El trabajo que realiza la defensa especializada es de reinserción, de apoyo, a que las personas puedan acceder a beneficios intrapenitenciarios, pero en condiciones bastante difíciles.
¿Qué le parece que las audiencias se sigan realizando de manera telemática?
– La respuesta principal debe darla el propio Poder Judicial, ya que a estas alturas no se justifica el trabajo telemático, sobre todo cuando el resto de las actividades comerciales, empresariales, educacionales, ya retomaron la presencialidad. Creemos que para cierto tipo de audiencias se podría justificar un trabajo telemático, como por ejemplo las discusiones de ampliación de plazo. Sin embargo, un juicio jamás debiese realizarse en forma telemática, porque el contacto que se requiere, no sólo entre el defensor y su cliente, sino que también el contacto presencial entre los jueces con el acusado, testigos y peritos es fundamental.
Si el temor fuese el evitar el contagio, entonces los intervinientes no debiesen estar en ningún otro plano de forma presencial. El funcionario judicial no debería salir a la calle, ni entrar a un supermercado, pero sabemos que eso está ocurriendo y lo único que no está pasando es que los tribunales se abran debidamente para recibir a todas las personas.
Al principio el trabajo fue muy difícil porque mucha gente debimos aprender a trabajar de forma telemática, con herramientas que no estábamos acostumbrados. En esta Defensoría Regional durante 2020 desarrollamos más de 900 audiencias con imputados presentes acá, porque no tenían los medios tecnológicos para conectarse y arriesgaban medidas de apremio en su contra por no presentarse telemáticamente a una audiencia.
Creemos que ya es el momento de terminar con las audiencias vía remota, sobre todo en aquellas que se requieren presencialidad, como por ejemplo en la discusión de medidas cautelares, controles de detención, y en el desarrollo de los juicios.
¿Qué opina sobre la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva?
– Como institución observamos un uso en muchos casos desmedido de la prisión preventiva. Un porcentaje importantísimo de la gente que termina su proceso con un juicio, no es condenada a penas privativas de libertad, sino que es condenada a penas sustitutivas, en que cumplen sus condenas bajo algún régimen de medidas menores a la pena corporal, como por ejemplo las reclusiones domiciliarias nocturnas o incluso libertades vigiladas. Parte del aumento de la población penal se debe a este uso casi indiscriminado de la prisión preventiva.
Casi la mitad de las personas que son condenadas no van a la cárcel. En estos 20 años de reforma, más de 30 mil personas han estado privadas de libertad parte importante del proceso y han terminado absueltas, eso nos da un promedio de 1.500 personas por año. Son 1.500 personas inocentes injustamente encarceladas. Esto responde a varias razones, pero una de ellas es indudablemente el populismo penal, una forma fácil de creer que se solucionan los problemas haciendo más rígidas las medidas cautelares y aumentando las penas.
