Así lo informó la Delegada Presidencial Regional, Paola Peña, quien estuvo en el lugar donde la tarde de ayer viernes 15 encapuchados armados quemaron cuatro cabañas, dos comedores de trabajadores y una capilla católica.
“Con los antecedentes que hemos recibido nuestros equipos jurídicos en coordinación con los equipos jurídicos nacionales están elaborando las acciones legales que vamos a interponer, que es la querella”.
La autoridad regional declaró que “como Gobierno condenamos los hechos ocurridos ayer en el Fundo Trafún, ya que junto a las pérdidas materiales, el fondo es el ejercicio de acciones violentas que no pueden naturalizarse como la manera de resolver ninguna controversia en un Estado de Derecho”.
Como medidas de seguridad inmediata en el fundo, la Delegada Peña dijo que “en este momento se está tramitando la medida de protección particular del predio. También hemos puesto a disposición nuestros equipos sociales y nuestro programa de reparación de víctimas de violencia rural. Concordamos una reunión para el martes, en marco de la visita del encargado nacional de este programa y en ese contexto podremos abordar a los temas relativos a reparación y apoyo a los trabajadores”.
Respecto a la presencia de militares en la región, Peña señaló que “es una decisión que no está erradicada en la delegación. Lo que ocurre es que en la administración del Estado las competencias de las autoridades están limitadas y en ese sentido nosotros entregaremos los antecedentes para quien le corresponde tome esas decisiones, ya que no nos compete a nosotros abordar eso”.
Consultada por otras medidas de seguridad, la Delegada informó que se comunicará con autoridades nacionales para coordinar futuras acciones.
