martes, mayo 14, 2024

Temor a las regiones

En septiembre del año pasado el gobierno ingresó un proyecto que declara tener como objetivo “fortalecer la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales” y “establecer normas sobre responsabilidad fiscal”. Dijimos en entonces que era una mala señal hacerlo ad portas de la discusión presupuestaria y en el marco del proceso electoral para elegir, por primera vez, los gobernadores regionales. Y pese a que entonces hubo críticas desde el Parlamento, algunos consejos regionales y las organizaciones de los funcionarios de los gobiernos regionales, el Ejecutivo siguió adelante con esta iniciativa.

Por Luis Cuvertino, consejero regional Los Ríos
Alfonso De Urresti, senador Los Ríos

Se nos dice que este proyecto plantea un cambio en la estructura del presupuesto regional, orientado a la aprobación de sumas globales por el Congreso Nacional, entregándole a los gobiernos regionales la potestad de distribuirlos en conformidad a la ley. Se indica también, que incluye normas que otorgarían mayor flexibilidad en el manejo de los presupuestos regionales y mayor objetividad en la distribución de recursos que actualmente se asignan centralizadamente, pasando a distribuirse mediante fondos que cuentan con una regulación y criterios específicos: el Fondo de Equidad Interregional y el Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional.

Sin embargo, no es esa una opinión compartida por todos. En términos generales, la propuesta no entrega mayor flexibilidad presupuestaria a los gobiernos regionales, incluso algunos consideran que se retrocede, dado que se exige más información, se entregan atribuciones a otros servicios, sin que a cambio se les otorgue más autonomía fiscal y administrativa. Asimismo, se aumenta la regulación vía reglamentos y decretos sobre materias relativas a planificación, distribución y gestión presupuestaria, generando ineficiencia y una eventual discrecionalidad desde el nivel central.

En lugar de fortalecer los gobiernos regionales, como se esperaría, este proyecto termina entregándole a la Subdere un rol intermediador entre regiones y ministerios. También se enfatiza el rol del Delegado Presidencial, al que se incluye en el proceso de elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones, de una forma que poco ayuda al proceso de sistematización de la inversión dejando, además, a la citada Subsecretaría la dictación de un reglamento que, seguramente, fortalecerá su propia función.

Y aunque se ha reiterado el argumento de que la creación de los fondos de Equidad Interregional y de Apoyo a la Contingencia Regional permitirían la disposición de mayores recursos, la eliminación del 5% de estímulo a la eficiencia medida en función del uso de los recursos del año anterior, lo que no asegura la disposición de mayores recursos, necesariamente.

Esta semana se discutirá, en general, en su primer trámite, este proyecto. Confiamos en que el debate y la votación entregue una señal clara de las correcciones que deben introducirse y que en la discusión en particular deben materializarse. Porque, aunque se comparta la idea de avanzar hacia un nuevo modelo de descentralización fiscal, este no puede hacerse a costa de la opinión de consejeros y funcionarios, ni sacrificando las limitadas atribuciones que inicialmente tendrán los gobernadores regionales democráticamente elegidos.

Además, recogemos ideas surgidas al calor de esta discusión inicial, como la de que este nuevo modelo de financiamiento tenga un correlato con la realidad y las dinámicas de cada región. Porque no se puede avanzar en democracia para las regiones y a la vez levantar muros de contención que solo muestran la desconfianza y el temor a las regiones, que siguen teniendo en los escritorios de los ministerios en Santiago.

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