Por Carola Rubia
Directora ejecutiva de Fundación Descúbreme
Uno de los pilares de las democracias modernas corresponde a la implementación del concepto del sufragio universal, es decir, el derecho a voto de toda la población adulta de un Estado, independientemente de la procedencia, género, edad, creencias, situación social u cualquier otra condición. Las personas con discapacidad siguen experimentando barreras legales, administrativas y del entorno que impiden o restringen sus posibilidades de participar de la vida política, ya sea al votar o al presentarse como candidatos.
El Artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece que los Estados Parte, dentro de los que se encuentra Chile, deben garantizarle a este colectivo la posibilidad de ejercer sus derechos de participación política en igualdad de condiciones que las demás. Para lograr esto, el primer paso es que las autoridades adopten todas las medidas necesarias para asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean accesibles y de uso intuitivo.
En el caso del plebiscito a desarrollar, es clave contar con contenidos en formatos accesibles, como lectura fácil, lengua de señas o Braille, ya que de esta forma las personas con discapacidad podrán informarse sobre el proceso constituyente en el que nos encontramos y tomar una decisión de forma autónoma y basada en sus principios.
La implementación de estas medidas no sólo nos permitirá contar con una decisión informada y representativa del conjunto de la población, sino que también constituyen acciones que nos conducen hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, en la que “nadie se queda atrás”.
