Durante el mes de abril se hizo pública la denuncia realizada por diversos actores sociales de la comuna de Lago Ranco, por la construcción sin autorización de un muro y rampa a orillas del lago, en el sector de Quillín, por parte de un privado.
La situación fue analizada posteriormente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde el capitán de puerto de la comuna de Lago Ranco, teniente Alejandro Montes Arellano, mediante un documento oficial, ordenó el desalojo del sector y solicitó el apoyo de la fuerza pública para poder llevarlo a cabo.
Finalmente, y luego de meses de realizada la denuncia, la Gobernación Provincial del Ranco resolvió “otorgar el auxilio de la fuerza pública a la capitanía de puerto de Lago Ranco, para materializar el desalojo de los bienes ocupados indebidamente (…) la Capitanía de puerto deberá comunicar lo resuelto a la prefectura de Carabineros de Valdivia a fin de que ésta le preste la colaboración necesaria para el cumplimiento de la presente resolución”, señala el documento.
El gobernador del Ranco, Alonso Pérez de Arce, señaló que “la Gobernación Provincial del Ranco accedió a la solicitud hecha por la armada, la cual ahora está en manos de ellos seguir con la tramitación”.
Por su parte, el dirigente social ranquino, Eduardo Calisto, se mostró contento con la decisión y manifestó que “esperamos que ahora que se destrabó el conflicto jurídico entre la Armada y la Gobernación, se haga efectivo el desalojo de las obras realizadas de manera ilegal”, criticando que el desalojo se debió haber realizado hace meses.
“Solicitamos que esta vez se haga a la brevedad posible y se establezca un precedente, para todos aquellos que crean que pueden venir y hacer lo que le dé la gana, sin tener consecuencias”, finalizó.
