Ello, tras darse a conocer un informe de la Contraloría General de la República que fue solicitado por el diputado Marcos Ilabaca.
Según se desprende del pronunciamiento del ente contralor, fue la Dirección Regional de Vialidad de Los Ríos quien otorgó los permisos a la empresa agrícola Alessandrini Gress para la tala, poda y despeje de árboles que dificultaban la visibilidad para ingresar al predio ubicado en el camino público T-228, en la comuna de Mariquina.
En agosto de 2019, gran revuelo causó la poda de la alameda ubicada en la localidad de Pelchuquín. La empresa Agrícola Alessandrini Gress solicitó autorización para llevar a cabo faenas de despeje a la Dirección de Vialidad de Los Ríos, y posteriormente no respetó los alcances de dicho permiso.
Ante ello, el diputado Marcos Ilabaca solicitó a la Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad de la autorización, y a su vez, revise el procedimiento administrativo que se llevó a cabo para otorgar los permisos.
Fue así, como en un informe entregado a fines del mes de febrero, el ente contralor detalló que “se pudo determinar que la poda fue realizada por la totalidad de las especies, excediendo la autorización otorgada. Se estableció que se cortaron 54 árboles que se encontraban en faja fiscal, y que solo tres de ellos, por su ubicación, debían ser cortados para cumplir con el objetivo de la solicitud, razón por la cual se procedió a formular denuncia ante la fiscalía local, por el eventual delito de daños por las 51 especies taladas, cuyo corte no estaba autorizado. Además, se cursó una multa de 50 UTM, la que fue cancelada por la empresa el 23 de agosto de 2019”.
En este sentido, el parlamentario por la zona, señaló que «no es posible que se sigan vulnerando las leyes y normativas que protegen nuestro entorno natural, y se limiten sus efectos a bajas sumas de dinero para una empresa de esta categoría”.
El parlamentario, quien fiscalizó y ofició a las autoridades y servicios correspondientes durante 2019, dijo no sentirse satisfecho con la multa cursada e insistirá en la búsqueda de responsables, es por ello que la semana recién pasada oficie a la Fiscalía Local de Mariquina, para conocer los resultados de la investigación, y a la Dirección Regional de Vialidad, para que se le informe sobre el estado del sumario administrativo a los funcionarios que participaron del proceso de autorización.
«Necesitamos que se transparente el proceso a través del cual se realizó la investigación para determinar esta multa y se sancione a los responsables», señaló el diputado. «Esta situación generó gran preocupación en los vecinos y vecinas del sector, quienes son los principales afectados ante el daño medioambiental que generan las grandes empresas, se debe esclarecer responsabilidades y generar medidas ejemplificadoras”, finalizó.
