Martín Silva Lara, hasta marzo de 2016 desarrolló con normalidad sus labores como administrador en la Fiscalía Local de Río Bueno.
El escenario cambió cuando el entonces recientemente nombrado fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, propuso desvincularlo aplicando un artículo de la Ley Orgánica de la institución que se asimila al despido por necesidades de la empresa del Código del Trabajo, pero con algunas condicionantes como un efectivo cambio de perfil en el cargo.
Silva Lara, consciente de haber sufrido una arbitrariedad llevó el caso al Tribunal Laboral de Río Bueno, donde el 23 de agosto del 2016 obtuvo una sentencia por despido injustificado.
Por su parte, el Ministerio Público a través del Consejo de Defensa del Estado, interpuso un recurso de nulidad sobre dicho fallo, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valdivia el 21 de octubre de 2016, quedando así confirmada la sentencia de primera instancia a favor de Silva.
El ex funcionario del Ministerio Público asegura que “es necesario que se revisen todas las desvinculaciones ejecutadas durante el período del actual fiscal nacional. Quiero hacer público mi caso, ya que recurrí en su momento al fiscal nacional Jorge Abbott esperando anulara esta medida de despido que, en definitiva, además de ser arbitraria, me generó un daño personal y familiar irreparable”.
Martín Silva plantea que “ninguno de mis argumentos fue considerado por el fiscal nacional. Esta vez, y a la luz de lo ocurrido al fiscal Emiliano Arias, esperamos ser oídos y que se conozcan las consecuencias de una autonomía mal entendida que muchas veces se convierte en abusos contra los trabajadores».
Añade que «el fiscal regional, Emiliano Arias, tiene razón cuando señala que el Ministerio Público no debe estar ajeno a controles externos. Todos estos abusos ocurren principalmente porque las autoridades de la Fiscalía están exentas de una fiscalización objetiva y rigurosa de sus decisiones administrativas, especialmente en lo laboral y en las finanzas”.
Martín Silva recalca que “esto lo señalo en mi calidad de ex administrador de una fiscalía. Es impresentable que un Servicio del Estado que ejerce la persecución penal funcione de esta manera, dando pie a tantas arbitrariedades, persiguiendo incluso a sus propios miembros».
Cabe mencionar que el denunciante representa a un grupo de ex funcionarios desvinculados del Ministerio Público, quienes a través de un documento que hicieron llegar al Ejecutivo, hicieron ver al actual Gobierno cuál es la situación de indefensión que viven los trabajadores al interior de la institución.
«Por un tema económico y por tener que enfrentarse al Consejo de Defensa del Estado, no todos los funcionarios pueden llegar a un tribunal a defenderse. Como no podemos reclamar en la Contraloría General de la República tenemos que asumir todos los costos -financieros y personales – nosotros mismos. Espero que con los cambios que demanda el país se efectúen las reformas legales que requiere el Ministerio Público”, indica Martín Silva agregando que “ninguna institución puede funcionar, adecuadamente siendo juez y parte en todos los ámbitos de acción. Una cosa es la persecución penal, pero otra muy distinta son las persecuciones, abusos y maltratos».
Cabe mencionar que, casos similares afectaron a Italo Roncagliolo Pastene, ex administrador de las fiscalías de Los Lagos y Paillaco y Mario Riquelme Padilla, administrador de la fiscalía de Valdivia.
