Por Egon Montecinos
Doctor en Ciencia Política / columnista noticiaslosiosrios.cl
El 13 y 14 de Julio recién pasado fui invitado por la Asociación Nacional y Regional de Consejeros de la Sociedad Civil de municipalidades a exponer en su primer congreso nacional realizado en Llifén comuna de Futrono. En la ocasión se congregaron más de 180 dirigentes de Cosoc de todo el país a reflexionar y analizar su actual condición dirigencial amparado en la ley 20.500. Me atreví a plantearles, no sin algo de temor, la tesis de la participación ciudadana incidente por sobre la vinculante, esta última muy popular entre la mayoría de los dirigentes del país. Centrar el foco de la discusión en lo vinculante es cortoplacista e instrumental, dado que lo legal y vinculante de una ley no resuelve el profundo problema de desafección ciudadana y clientelismo político de la democracia chilena, actitud y cultura política con la que conviven a diario los dirigentes sociales.
¿Qué nos dice la experiencia comparada internacional sobre las leyes vinculantes de participación ciudadana en la gestión pública? Existen países donde la participación ciudadana es un derecho social garantizado en la constitución política, como es el caso de República Dominicana donde por ejemplo, se establece que los municipios pueden elaborar hasta el 40% de su presupuesto con participación ciudadana. O en el caso de Perú, donde el presupuesto regional y municipal por mandato de ley debe ser elaborado con participación de la sociedad civil organizada. En ambos casos, la evaluación de estas leyes no es muy auspiciosa y se dan muchas situaciones similares a las que suceden en Chile, donde autoridades locales y regionales usan estos dispositivos legales para fortalecer y/o renovar sus relaciones clientelares con los ciudadanos, en desmedro de un fortalecimiento democrático y transversal de la sociedad civil.
Como contrapartida, en Uruguay, Argentina, Chile, países sin leyes vinculantes como las señaladas anteriormente, se han evidenciado experiencias de participación ciudadana, que han tenido trayectorias institucionales y sociales sustantivas a escala local y que han logrado incidir en la gestión pública. Por ejemplo, y sin ir más lejos, en Chile existen experiencias de presupuesto participativo que han logrado record difícilmente superables en otras latitudes del planeta. Es el caso de Villa Alemana, donde el año 2016 para decidir 300 millones de pesos, votó más gente que la que participó en la última elección municipal en esa misma comuna. O en el caso de municipios como San Pedro de La Paz, Quillota, San Antonio o La Serena que se han ido dando pasos sustantivos para instaurar modelos de gestión municipal participativa, donde incluso la ley 20.500 no ha sido de mucha utilidad para esas comunidades.
¿Cuál es la clave para alcanzar procesos de participación ciudadana incidentes en las políticas públicas? Las leyes ayudan a abrir espacios a la ciudadanía pero existen factores locales y territoriales que son determinantes. Por ejemplo, cuando existen territorios que cuentan con una cultura política local proclive a la participación, trayectorias institucionales y liderazgos políticos democráticos, influyen y marcan la profundidad de la participación ciudadana en un territorio. O cuando la sociedad civil a través de sus dirigentes sociales se encuentra altamente empoderada, existen más posibilidades que sean incidentes en la gestión local o regional, independientemente si hay una ley o no que lo promueva. ¿Cómo se alcanza esto?. Con capacitación permanente de dirigentes sociales, pero por sobre todo, entendiendo que la participación ciudadana es un proceso que implica construcción de poder social, con frenos y contrapesos, evitando la captura y la cooptación, de lo contrario, se restringen las libertades para promover espacios de participación y dialogo en torno a las políticas públicas. Dicho en otras palabras, la sociedad civil organizada, en específico los dirigentes sociales de Cosoc, deben pasar de ser capacitarse en formular proyectos sociales a capacitarse en construcción social y política del poder territorial, sólo así, se transformarán en incidentes y en un contrapeso social y actor incidente en la gestión local y regional.
Puede parecer ser algo impopular plantear esto entre los dirigentes sociales, pero analizado a fondo en la experiencia comparada internacional “lo incidente por sobre lo vinculante” me parece que es el camino más sólido para generar cambios profundos en la democracia chilena. Por ningún motivo esto significa que haya que mantener tal cual la ley 20.500 y no corregir aquello que deja mucho espacio al voluntarismo político para abrir espacios de participación y asignarle responsabilidad política explícita a aquellas municipalidades y alcaldes que no recogen el espíritu de esta legislación.
