La acción judicial apunta además a todos quienes resulten responsables por el presunto desvío de recursos que estaban destinados a mejorar atención de pacientes de Valdivia, pero que se habrían usado a través de alcaldesa de Paillaco para pagar facturas de congreso gremial dirigencial en Los Ríos.
En el Tribunal de Garantía de Santiago ingresó a las 11 horas de ayer lunes, la querella del diputado Bernardo Berger (RN) contra la Ministra de Salud por el delito de malversación de fondos públicos o “inversión indebida”.
El delito está contemplado en el Art. 236 del Código Penal, y apunta además contra todos quienes resulten responsables por la supuesta triangulación de acciones que habrían dado pie al desvío de 70 millones de pesos del programa de Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria Municipal, aprobados para la comuna de Valdivia, pero que sin explicación aparente habrían terminado en las arcas municipales de Paillaco para que ésta a su vez, pagara facturas del XI congreso gremial de la Confusam que se realizó entre el 6 y el 8 de octubre pasado.
«Nos hemos visto forzados a presentar esta querella porque es gravísimo que los pocos pesos que llegan a los consultorios de Valdivia, se desvíen misteriosamente a otra comuna para hacer de caja pagadora de un congreso gremial que nada tiene que ver con mejorar la salud de los pacientes, y todo en medio de una serie de irregularidades que nadie hasta ahora ha sabido explicar”, dijo el parlamentario.
Agregó Berger que “nadie se opone a que la ministra de Salud le pase plata a la Confusam, pero que no lo haga de forma ilegal desviando recursos que claramente tenían un destino y un objetivo muy, pero muy distinto».
El legislador explicó que según los antecedentes, se habría disfrazado el Congreso Nacional de la Confusam poniéndole un nombre de fantasía distinto para allegar los dineros de un programa reservado exclusivamente para el refuerzo de la atención de pacientes de consultorios municipales.
Pese a que los recursos eran para Valdivia, se le pasaron a Paillaco aparentemente para que ésta haga de caja pagadora de los gastos del evento gremial que como da cuenta la propia organización, definía plataformas de lucha laboral y procesos estatutarios internos, todo en un lujoso hotel privado.
Las irregularidades también involucrarían transgresiones administrativas graves contempladas en el Art. 54 de la ley 18.575, por lo que en paralelo se ingresó una solicitud de investigación la semana pasada ante la Contraloría General de la República.
