Por Egon Montecinos
Doctor en Ciencias Políticas
Desde 1990 y hasta la puesta en marcha de la ley 20.500 la participación ciudadana fue un tema secundario y periférico en la opinión pública, reducido al interés de círculos académicos o de ongs que realizaban acercamientos teóricos y empíricos a la materia, principalmente a través del estudio de algunos casos considerados como “buenas prácticas”.
Las principales características que tuvieron los mecanismos de participación ciudadana en esta etapa, fue que abrieron espacios de acceso a la información pública a los ciudadanos (páginas web, oficinas de OIRS, reuniones con la comunidad vinculadas a proyectos), se impulsaron consultas ciudadanas (en algunos municipios se implementaron plebiscitos), y a partir del año 2000 se evidenciaron algunas innovaciones participativas como los presupuestos participativos en algunas municipalidades. Estas últimas experiencias fueron apoyadas por SUBDERE pero no implicó modificación al diseño institucional ni hubo incentivos institucionales, salvo la voluntad política de los alcaldes que lo impulsaron.
Asimismo, se comenzó a observar un creciente protagonismo de la ciudadanía y la sociedad civil en servicios públicos como salud, minvu, obras públicas. No obstante muchas de estas buenas experiencias han sido interpretadas por la sociedad civil como “concesiones” de parte de la autoridad y buenas prácticas de instituciones del Estado. Esta etapa que podríamos caracterizar como “informativa/consultiva/voluntariosa” se consolida con la promulgación de la ley 20.500, la cual releva a organizaciones de la sociedad como las juntas de vecinos y los consejos de organizaciones de la sociedad civil a un nivel consultivo de la participación ciudadana. No cabe duda que esta nueva institucionalidad es un avance al recomendar una serie de mecanismos de participación ciudadana y destinar algunos fondos para el fortalecimiento de la sociedad civil, pero no consagra el derecho de la ciudadanía a participar, menos aún vincula la participación con decisión.
El desafío de la participación ciudadana para los próximos años es que enfrenta una democracia y una sociedad civil distinta. Por un lado, se debe hacer cargo del creciente déficit y desafección democrática que se encuentra viviendo el país, y por otro lado, debe hacerse cargo de la necesidad de dar pasos concretos que garanticen el vínculo de participar con incentivos reales y útiles para el ciudadano. Se requiere entonces avanzar de mecanismos consultivos a mecanismos “decisorios y vinculantes” de participación ciudadana, que se expresen a nivel sectorial, municipal, y con la futura elección de gobernadores regionales también en el nivel regional. Esto significa que además de garantizar el derecho a participar, se debe vincular la participación ciudadana en los asuntos públicos con decisiones concretas y visibles. Ya no basta con invitar a participar a los ciudadanos y organizaciones para que después se pregunten legítimamente ¿para qué me invitan a participar si ya tienen decidido que hacer en dicha materia? También es necesario revertir la opinión generalizada que tienen los miembros de los COSOC municipales, los cuales apuntan a que no tiene ningún “valor decisional” ser integrante de ellos. Dos situaciones que reflejan la necesidad de asumir el sentido pragmático y racional que ha adquirido la participación ciudadana para dirigentes sociales y ciudadanos. Ya no es entendida como aquel concepto “romántico” de “buena práctica”, o “consultivo” que nos acostumbró la transición democrática. Es necesario considerar que al frente tenemos ciudadanos que además de portar necesidades y demandas, le otorgan un valor al tiempo que dedican a participar en el espacio público. La participación ciudadana dejó de ser un debate académico o social, hoy es una demanda política concreta, que existe en círculos de la elite y dirigencia social y que demandan “decisión” y no tanta “consulta” sobre el espacio público.
