Lapidario informe del ente contralor hace cerca de 30 cuestionamientos finales a la actual administración del municipio unionino, correspondiente a fiscalización del período enero 2017 a diciembre 2019, y también examen de cuentas al período enero – diciembre de 2020, en materias de publicidad y difusión y con motivo del COVID-19.
Falta de documentación de respaldo en gastos, pagos sin orden de compra previa, pagos por sobre mil Unidades Tributarias Mensuales pagadas sin aprobación del Concejo Municipal, falta de actualización de información respecto a personas muertas que figuran en cuentas de deudores o ingresos por percibir, falta de información oportuna a concejales en informes trimestrales para que realicen su rol fiscalizador, modificaciones presupuestarias no aprobadas por el Concejo, entre otras materias, son los principales cuestionamientos que la Contraloría General de la República realiza a la Municipalidad de La Unión en el informe final N° 820/2020, emitido el 15 de febrero del 2021.
La fiscalización realizada tenía como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, detectando graves deficiencias en la materia, por lo que instruye la realización de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, lo que deberá ser informado 15 días después de la recepción del respectivo informe y también considera un plazo de 30 días para adjuntar la documentación de respaldo en las materias cuestionadas.
PRINCIPALES CUESTIONAMIENTOS
En su acápite inicial el informe hace ver el pago de 8 millones de pesos para la ceremonia protocolar por el día del funcionario del año 2019, que consideró la participación de 250 personas, como gastos de representación, protocolo y ceremonial, sin que se acredite la presencia de autoridades, como tampoco existen fotografías del servicio recepcionado, ni listas de asistentes que permitan comprobar la cantidad de productos adquiridos.
Por otra parte, también se cuestiona los gastos pagados durante el 2019 en servicios de difusión a dos emisoras locales, por más de 8 millones de pesos, y la reparación de un camión en dos facturas por más de un millón cien mil pesos, sin que exista documentación que acredite que el servicio fue prestado, incumpliendo la normativa legal vigente, teniendo un plazo de 30 días para subsanar el hecho, de lo contrario se formulará el reparo correspondiente.
Durante el año 2019 el municipio unionino emitió un total de 25 órdenes de compra por más de 159 millones de pesos a la empresa ESMAX Distribución S.A., por pago de combustibles, fraccionando el pago, de tal forma de no pasar por Concejo Municipal la aprobación del pago que supera las mil UTM, ya que la jurisprudencia citada por Contraloría establece con claridad que no se puede fraccionar tratándose del mismo producto a un mismo proveedor.
Frente a este hecho, el ente fiscalizador solicita se instruya un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en un plazo no superior a 15 días.
En ingresos por percibir, Contraloría detectó una diferencia de más de 23 millones de pesos, comparado con los registros auxiliares de Rentas y Patentes, porque no se identifican deudores antiguos como tampoco están eliminados de registro 436 personas fallecidas, incluso quien falleció en 1968, como tampoco se han declarado incobrables y castigadas las deudas antiguas, situación con la cual el presupuesto municipal podría verse distorsionado.
En materia de equilibrio y sanidad financiera, Contraloría hace reparos a las partidas de ingresos presupuestados respecto de lo devengado, con una subestimación superior a los 807 millones de pesos, y los gastos presupuestados una sobrestimación superior a los 727 millones de pesos, respecto de lo devengado, por lo que se instruye que el Concejo examine trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas que sean necesarias, a proposición del alcalde.
En cuanto a 18 modificaciones presupuestarias realizadas el año 2019, Contraloría cuestiona que no se desagregaron, distinguiendo las áreas de gestión interna, servicios a la comunidad, actividades municipales, programas sociales, programas recreacionales y programas culturales.
En el informe también se consigna que durante el 2019, se realizó un gasto por 60 mil pesos, cargado en el ítem 21 del presupuesto en vez del 22, cuya situación requiere una modificación del presupuesto municipal, situación que no habría sido aprobada por el Concejo.
OBSERVACIONES A ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
De acuerdo a la fiscalización de Contraloría, se evidenció que la Municipalidad carece de instancias de control sobre el pago de la deuda flotante, por cuanto ésta no fue pagada totalmente al 31 de marzo del 2020.
En la revisión se constató que el municipio no cuenta con instancias de control que permitan verificar que la información contable sea concordante con lo que mantienen las unidades giradoras, respecto de contribuyentes morosos.
Asimismo, se advierte que carece de mecanismos que le permitan asegurar el pago oportuno de sus obligaciones con terceros, advirtiendo situaciones en as que se ha dilatado el pago hasta en 61 días corridos, una vez hecho exigible.
También se comprobó que no dispone de un procedimiento o metodología de estimación de presupuesto de forma objetiva y respaldada. Asimismo, que no dispone de un mecanismo que asegure la remisión oportuna al concejo municipal de los informes trimestrales y semestrales que deben enviar las unidades de control, finanzas y secretaría comunal de planificación.
También se detectó que la Municipalidad de La Unión no dispone de un reglamento o manual que describa las etapas, funciones y responsabilidades en torno al proceso de cobranza de derechos municipales adeudados por los contribuyentes, y que carece de los procedimientos de control que permitan asegurar el estricto cumplimiento de la ley 19.886, de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios , ya que entre la documentación adjunta a los expedientes de compra que fueron revisados, no se advirtió la implementación de medidas que permitan validar que los productos adquiridos mediante convenio marco fueran los más convenientes a otros ofertados en el catálogo, en cuanto al precio, calidad y plazo de entrega.
El informe de 77 páginas emitido por Contraloría, establece que la Municipalidad de La Unión no dio respuesta al Pre informe de Observaciones N° 820, de 2020, en el plazo requerido, por lo que mantiene todas las observaciones formuladas, y fija un plazo de 30 días para adoptar medidas que permitan que los 30 cuestionamientos realizados en el informe puedan ser respondidos y se adopten las medidas para que las acciones del municipio en todas estas materias se ajusten a la normativa legal y reglamentaria que las rige.
INFORME COMPLETO:
