Por Patricio Valdivieso
Universidad Austral de Chile, Instituto de Administración
Investigador Responsable Proyecto FONDECYT Nro. 1181282
El sistema de pensiones es un bien público de primera importancia para el bienestar de las personas, la seguridad humana y la cohesión social. En las distintas regiones de nuestro país, una gran parte de la población pensionada enfrenta dificultades porque sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. La investigación del Proyecto FONDECYT Nro. 1181282 con entrevistas a jefes de hogar de comunas de la Región de Los Ríos sobre riesgos socioambientales informa que al menos un 25% de los entrevistados no está afiliado al sistema de pensiones, y quienes lo están obtiene en pensiones promedio de entre 54.000 y 200.000 pesos Estas circunstancias que se reiteran en otras regiones del país representan un factor subyacente de riesgo social, y han generado un debate público en torno al sistema de pensiones. Pero el escenario es complejo. EL sistema de pensiones funciona en un contexto nacional inestable, con alto grado de incertidumbre. Chile está siendo afectado por procesos tales como el envejecimiento de la población, las migraciones internas e internacionales, las dinámicas medioambientales, la politización en la sociedad y el cambio institucional, cambios en los comportamientos de los mercados, y otras situaciones nuevas, no previsibles. Por ejemplo, el COVID-2019 tiene un profundo impacto en la actividad económica y el empleo, afecta las perspectivas de crecimiento, aumenta la exposición y la vulnerabilidad.
El proceso constituyente abre la posibilidad de formalizar principios que posibiliten la transición hacia un sistema de pensiones más ajustado a la situación nacional actual. Con normas constitucionales que garanticen el equilibrio entre las metas de la justicia conmutativa, legal y distributiva, la discusión en torno a la reforma del sistema de pensiones podrá conducir a un arreglo institucional robusto, que promueva un bienestar social más inclusivo. La discusión tendrá que considerar las convicciones, intereses y posiciones de distintos sectores sociales, desigualdades, el modo de funcionar de los mercados, conocimientos sobre cómo operan los sistemas de pensiones, experiencias, escenarios de corto, mediano y largo plazo, y otros factores relacionados con la estabilidad y el cambio en el sistema.
Es altamente deseable, asimismo, que la discusión considere el alto grado de heterogeneidad territorial del país y los escenarios emergentes de la descentralización. Las regiones y comunas chilenas difieren en cuanto a sus características geográficas, territoriales, dotación de recursos, población, comportamientos de los mercados, oportunidades y perspectivas de desarrollo. En estos contextos territoriales heterogéneos, las políticas públicas nacionales no tienen los mismos efectos en todas partes. Así lo demuestran las brechas entre propósitos y resultados de numerosas políticas nacionales, por ejemplo, las políticas sociales, educacionales, en salud. Es importante tematizar la necesidad de ajuste entre el sistema de pensiones y los contextos territoriales diferenciados en las regiones. Por sobre todo es importante que el sistema cuente con la voluntad y aceptación por parte de la población.
