Por Dr. Alejandro Torres
Académico Escuela de Ingeniería, UCEN
El transporte público es el medio que por definición desmercantiliza la movilidad en una ciudad (su costo es bajo en comparación con otros modos de transporte en la ciudad), debiendo otorgar condiciones de accesibilidad y movilidad segura para sus usuarios, que son, nuevamente, aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
La movilidad en nuestro país no es para nada equitativa, afecta a todos sus usuarios, sean de grandes ciudades o pequeños poblados, de la capital o de regiones; por lo que mejorar las condiciones de operación del transporte público (urbano e interurbano), otorgará un beneficio social enorme, tanto para usuarios como para trabajadores del transporte (conductores).
Cuando la gestión y administración del transporte público está en manos de privados (sin participación del Estado) como ocurre en la mayor parte de las regiones de nuestro país, los afectados no son solo los usuarios, sino que también quienes viven de ello, en particular los conductores, quienes han visto reducidos sus ingresos por no contar con un sueldo fijo, sino que al estar sujetos a los vaivenes del “mercado del transporte público”, sus ingresos dependen de la demanda: baja la demanda, bajan sus ingresos.
Es imperativo aprovechar las oportunidades que otorga la crisis sanitaria que ha hecho visible la vulnerabilidad de estos trabajadores, donde la participación del Estado en la gestión del transporte público urbano e interurbano, en la capital y en regiones, se hace urgente, no solo para otorgar oportunidades más equitativas y seguras de movilidad para los usuarios, sino para mejorar las precarias condiciones laborales que tienen los conductores, sobretodo en regiones.
