Patrimonio y desarrollo: las lecciones del Hospital de La Unión

La ciudadanía no debiera verse enfrentada a la falsa disyuntiva de elegir entre proteger su patrimonio cultural y acceder a una mejor salud: ambos objetivos representan responsabilidades esenciales del Estado y deben ser capaces de convivir.

Proteger nuestro patrimonio cultural es un deber irrenunciable del Estado y de la sociedad. Sin embargo, este compromiso exige también una gestión institucional eficiente, capaz de resguardar nuestra historia y compatibilizar su conservación con las legítimas necesidades de desarrollo de nuestras comunidades.

La construcción del nuevo Hospital de La Unión refleja claramente este desafío. Un proyecto largamente esperado por la Provincia del Ranco, destinado a beneficiar a más de 54 mil habitantes, permaneció paralizado desde diciembre de 2022 tras el descubrimiento de importantes vestigios arqueológicos que dan cuenta de una ocupación humana del territorio de más de mil años de antigüedad.

Debemos ser claros: el problema nunca fue encontrar esos vestigios, por el contrario, cada hallazgo arqueológico constituye una oportunidad extraordinaria para conocer nuestra historia, comprender la evolución de las comunidades que habitaron nuestro territorio y enriquecer nuestra identidad colectiva, las dificultades aparecen cuando no existe suficiente anticipación, cuando los estudios previos resultan insuficientes para abordar las complejidades del territorio o cuando las instituciones no cuentan con mecanismos oportunos de coordinación y resolución.

En el caso del Hospital de La Unión, corresponde reconocer, con transparencia y sentido crítico, que la consulta indígena se desarrolló tardíamente, en un escenario de incertidumbre que pudo haberse enfrentado de mejor manera mediante una planificación preventiva, estudios más acabados y una gestión institucional capaz de anticipar las exigencias patrimoniales y culturales del proyecto.

Esta reflexión no pretende desconocer la complejidad de los procedimientos ni las responsabilidades de los distintos actores, por el contrario, busca reconocer que la protección patrimonial requiere mucho más que el cumplimiento formal de una normativa: exige capacidades técnicas, sensibilidad cultural, liderazgo y decisiones oportunas.

Es comprensible que, frente a una paralización prolongada de una obra de esta importancia, la ciudadanía experimente molestia, desconfianza e incertidumbre, sobre todo cuando está en juego el acceso a una salud digna y oportuna, esas preocupaciones adquieren especial legitimidad. Entonces la respuesta del Estado no puede limitarse a explicar las dificultades administrativas o técnicas; debe traducirse en transparencia, responsabilidad, capacidad de diálogo y decisión para encontrar soluciones.

Pero existe una cuestión de fondo que considero indispensable destacar: la ciudadanía no debiera verse enfrentada a la falsa disyuntiva de elegir entre proteger su patrimonio cultural y acceder a una mejor salud, ambos objetivos representan responsabilidades esenciales del Estado y deben ser capaces de convivir.

Durante el proceso que me correspondió conducir desde la Delegación Presidencial Regional, asumí con el equipo precisamente esa convicción, el respeto a la cosmovisión mapuche. La protección de los hallazgos arqueológicos y la necesidad de concretar el nuevo hospital no podían transformarse en objetivos contrapuestos.

El protocolo de acuerdos suscrito el 8 de mayo de 2025 entre el Consejo de Comunidades Mapuche de La Unión y autoridades del Estado permitió establecer condiciones para dar continuidad al proyecto en su emplazamiento original, incorporando compromisos de protección patrimonial, reconocimiento cultural, participación comunitaria y desarrollo de un modelo de salud intercultural. Posteriormente, el pronunciamiento favorable del Consejo de Monumentos Nacionales respecto del manejo arqueológico permitió avanzar en la reactivación contractual del proyecto.

No obstante, las dificultades administrativas y financieras que persistieron hasta comienzos de 2026 también evidenciaron que alcanzar acuerdos constituye una condición necesaria, pero no suficiente: estos deben acompañarse de una gestión capaz de traducirlos oportunamente en decisiones y obras concretas.

Esta experiencia nos deja aprendizajes que trascienden al Hospital de La Unión, necesitamos fortalecer la planificación temprana de los proyectos de infraestructura, incorporar adecuadamente la dimensión patrimonial desde sus etapas iniciales, mejorar la coordinación entre organismos públicos y generar mecanismos efectivos de participación de las comunidades.

También debemos comprender que el rescate patrimonial constituye una inversión que genera valor social, cultural y económico para los territorios, se trata de reconocer que la protección patrimonial debe traducirse en oportunidades de educación, investigación, identidad, cultura y desarrollo local, cuyos resultados puedan ser conocidos y evaluados por la ciudadanía.

En este desafío la comunidad debe asumir un papel protagónico, su participación no puede limitarse sólo a recibir información, sino que debe considerar espacios reales de diálogo, incidencia y seguimiento de los compromisos. La experiencia de La Unión demuestra la importancia de reconocer los conocimientos, las tradiciones y las formas de organización de las comunidades, como parte de la construcción de soluciones públicas.

Finalmente, me nace señalar que debemos tener la capacidad de revisar críticamente nuestras experiencias institucionales, reconocer las deficiencias cuando corresponda y transformar esos aprendizajes en mejores políticas públicas. Defender el patrimonio no significa justificar retrasos evitables, del mismo modo que exigir infraestructura oportuna no significa desconocer nuestra historia ni los derechos culturales de quienes habitan el territorio.

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