Es justo reconocer que la región ha respondido mejor que en eventos críticos del pasado. La experiencia acumulada, el compromiso de los equipos municipales, Senapred (ex Onemi), Bomberos, las policías, SERNAGEOMIN, Vialidad y muchos otros servicios públicos ha permitido enfrentar una emergencia compleja, reduciendo sus consecuencias y actuando en apoyo de las familias afectadas. Ese esfuerzo colectivo demuestra que cuando existe preparación y compromiso territorial, la capacidad de respuesta mejora sustantivamente.
Sin embargo, las emergencias también dejan al descubierto las debilidades del sistema. Una de ellas es la forma en que hoy se estructura la coordinación regional. Resulta difícil comprender que los municipios, siendo la primera línea de respuesta, quienes reciben el primer llamado de auxilio, conocen el territorio y levantan la información en tiempo real, no tengan un rol permanente e institucionalizado en los espacios regionales de coordinación para la toma de decisiones, más en una región pequeña conformada solamente por 12 municipios. Un sistema moderno de gestión del riesgo debe construirse desde los territorios y no únicamente desde la estructura central del Estado.
Existe además una segunda brecha que requiere una decisión política. Los Gobiernos Regionales contamos con recursos y equipos técnicos con presencia en el territorio, pero para utilizarlos debemos solicitar la autorización burocrática del nivel central (Dipres). No tiene sentido avanzar en descentralización, si, cuando las comunidades necesitan respuestas inmediatas, las regiones deben seguir esperando autorizaciones administrativas, llegando tarde y produciendo malestar y mayor afectación a la ciudadanía.
También debemos fortalecer la relación entre los organismos técnicos y las autoridades políticas. La conducción de una emergencia exige información rigurosa, coordinación efectiva y decisiones compartidas. Cuando predominan las actuaciones individuales o la búsqueda de protagonismo político, el sistema pierde eficiencia y las comunidades reciben señales contradictorias. En estas circunstancias, la ciudadanía espera liderazgo institucional, colaboración y un solo objetivo común: proteger a las personas.
El cambio climático nos desafía a modernizar el Estado con la misma rapidez con que cambian las condiciones del territorio. Esa modernización pasa por fortalecer las capacidades municipales para hacerse cargo de los planes de emergencias preventivos, entregar mayores atribuciones a los Gobiernos Regionales y construir una coordinación donde cada institución aporte desde su experiencia y responsabilidad. Ahora corresponde adecuar nuestra institucionalidad para que esté a la altura de los desafíos que impone el cambio climático.
