La paradoja se vuelve más nítida pues este deber no solo vive en el papel, sino que además, tuvo una manifestación institucional reciente y concreta: el Ministerio de Seguridad Pública, creado por la Ley 21.730, promulgada por el Presidente Boric en enero de 2025 tras un proyecto que había iniciado Piñera en 2021. Esa nueva cartera fue diseñada precisamente para resguardar, mantener y promover la seguridad y el orden público, la prevención del delito y la protección de las personas. Si el Estado chileno ya cuenta con un ministerio entero cuya razón de ser es ejecutar ese deber constitucional, ¿qué agrega jurídicamente reescribirlo en la Carta Fundamental? La respuesta más honesta es: nada sustantivo.
Ahí es donde conviene mirar con más cuidado el paquete completo, porque la reforma no es solo un gesto simbólico inocuo. Junto con la declaración constitucional, Kast anunció un nuevo estado de excepción aplicable a «graves alteraciones de la seguridad pública» y a «territorios afectados por conductas delictivas», además de ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y extender la detención de migrantes en proceso de expulsión de 5 a 60 días. Cada una de estas medidas toca directamente la libertad personal y el debido proceso: un estado de excepción con criterios territoriales amplios abre la puerta a suspender garantías constitucionales en zonas completas sin el estándar de conflicto armado o catástrofe que hoy exige la Constitución; extender la flagrancia duplica el margen para detener sin orden judicial; sesenta días de privación de libertad administrativa para un migrante es, en la práctica, una pena sin condena que tendrá que ejecutarse en espacios específicos para ello, naciendo la controvertida figura de centros de detención al estilo Trump con ICE. La pregunta no es si el Estado tiene el deber de proteger, eso ya está resuelto, sino a qué costo en derechos fundamentales se pretende ejecutar un deber que ya existe.
Otro argumento: la Ley 21.730 obliga a que exista una Política Nacional de Seguridad Pública, se encuentra vigente por seis años y fue promulgada por el Presidente Boric. El actual ministro de Seguridad de Kast, Martín Arrau, la calificó de «suficiente» y afirmó que da espacio para los planes del nuevo Gobierno, distanciándose así de las duras críticas que el propio Kast había dirigido a la gestión anterior en esta materia. Antes de Arrau, la ministra Trinidad Steinert duró solo dos meses en el cargo, en parte por admitir que no existía un plan propio y estructurado. La secuencia es reveladora: la administración que llegó prometiendo una ruptura terminó administrando, con matices retóricos, el mismo armazón institucional que heredó. La ACOT, leída en esta clave, no es una arquitectura nueva sino la puesta en escena de una continuidad que el propio ministro de Seguridad ya había reconocido en público.
Para Los Ríos, nada de esto resulta abstracto. Por ejemplo, el Complejo Fronterizo Hua-Hum, en Panguipulli, recibe cerca de 60 mil personas al año y ya opera con Carabineros, la PDI, el Servicio Agrícola y Ganadero y Aduanas trabajando coordinadamente bajo un mismo modelo multiagencial. La pregunta regional es, otra vez, de gestión: en un paso de baja conflictividad, usado mayoritariamente por turistas y comunidades rurales que cruzan la cordillera por rutas históricas, ¿qué problema real resuelve una arquitectura de excepción diseñada para el crimen organizado transnacional, cuando la experiencia del propio Gobierno demuestra que los resultados vienen de la coordinación interagencial y no de nuevas facultades constitucionales?
Y aquí llega un dato político final: esta fórmula no es nueva ni siquiera en el terreno constitucional. El artículo 9° del texto redactado por el Consejo Constitucional de 2023, el segundo órgano constituyente de nuestra historia reciente, en que el Partido Republicano tuvo la bancada más numerosa, se establecía que es deber del Estado resguardar la seguridad de la población. Esa propuesta, completa, fue sometida a plebiscito y rechazada por un 55,76% de los votantes. Kast no está proponiendo algo nuevo: está reflotando, casi palabra por palabra, una norma que el propio sector que hoy gobierna redactó y que la ciudadanía rechazó hace menos de tres años.
Lo que el país presenció el miércoles no fue una innovación jurídica, sino una superposición de capas: un deber que ya está en la Constitución, una institucionalidad que ya lo ejecuta, una política de Estado que el propio ministro de Kast declaró suficiente, y un texto constitucional rechazado que vuelve a circular bajo un nuevo nombre. La seguridad de la gente sigue necesitando, gestión y más gestión, sin sacrificar las libertades que dicen defender. Esta vez, vendieron el sillón de don Otto.
