Resulta difícil comprender cómo un proyecto de esta magnitud puede sostenerse sobre una Resolución de Calificación Ambiental de 2008. En casi dos décadas cambió el conocimiento científico, la legislación y la comprensión de los impactos de la industria salmonera. Sin embargo, esa autorización sigue siendo suficiente para intervenir uno de los ríos más prístinos de Chile (y del mundo), fuente de agua para miles de personas y parte esencial del patrimonio natural de la Región de Los Ríos.
Lamentablemente, el impacto de esta industria no sólo se limita al agua. Las obras destruyeron un valioso yacimiento de impresiones foliares de aproximadamente 30 millones de años, un patrimonio paleontológico de relevancia internacional que aportaba información única sobre la evolución de los ecosistemas del sur de Sudamérica. Cuando este tipo de crecimiento económico elimina evidencia científica, la pérdida deja de ser local y pasa a pertenecer a toda la humanidad ¡Se destruyó patrimonio de la ciencia mundial!
A ello se suma una estrategia conocida: financiar actividades comunitarias para construir una imagen positiva. El patrocinio de campeonatos de fútbol rural puede presentarse como compromiso social, pero también genera legítimas dudas cuando coincide con un proyecto ambientalmente controvertido. La responsabilidad social empresarial no puede convertirse en un mecanismo para obtener aceptación ni para desviar el debate sobre bienes comunes.
Otra cosa preocupante es la actitud de la máxima autoridad local. Repetir que “las instituciones funcionan” puede ser administrativamente correcto, pero políticamente insuficiente. Un alcalde tiene la responsabilidad de defender el patrimonio ambiental de su territorio. Permitir una intervención de esta naturaleza contradice el discurso de una Región de Los Ríos sustentable, basado en la conservación, el turismo de naturaleza y la protección de sus ecosistemas.
Cuando un río que abastece de agua a la población queda expuesto a los riesgos de una industria intensiva, debería prevalecer el principio preventivo y no el de la resignación. Si una empresa puede intervenir un ecosistema estratégico con permisos del pasado, destruir patrimonio científico y buscar legitimidad mediante aportes comunitarios, el mensaje es inquietante: contaminar en Chile sigue siendo un buen negocio.
