El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes la imposición de restricciones de visa contra tres funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a quienes acusa de haber intervenido en actividades que, a juicio de Washington, “socavaron la seguridad en el hemisferio” y afectaron infraestructura crítica de telecomunicaciones.
La medida fue comunicada a través de un documento oficial difundido por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que se precisa que “estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos y se les revocarán todas las visas estadounidenses que poseían”. Según el texto, los sancionados “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades” contrarias a los intereses de seguridad estadounidenses. Las sanciones se adoptaron en virtud de las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En redes sociales, Rubio sostuvo que la decisión afecta a “funcionarios del gobierno chileno que actúan en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional”, enmarcando la acción en la política del presidente Donald Trump para “proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”. El comunicado añade que se continuará “promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionalmente para desestabilizar nuestro hemisferio”.
En el mismo documento, el Departamento de Estado incluyó una referencia directa al escenario político chileno, señalando: “En su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno“. Asimismo, manifestó su disposición a trabajar con la futura administración del Presidente Electo, José Antonio Kast, indicando que esperan “impulsar las prioridades compartidas, incluyendo aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio”.
Hasta ahora, Washington no ha revelado oficialmente la identidad de los tres funcionarios afectados. No obstante, versiones de prensa señalan que podrían tratarse del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. Desde el entorno de ambas autoridades indicaron desconocer si son ellos los sancionados. El Ejecutivo chileno, por su parte, citó al embajador de Estados Unidos en Santiago para abordar la situación.
A través de un comunicado oficial fechado el viernes 20 de febrero de 2026, la Cancillería chilena expresó su “sorpresa ante el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos en que se señala que se le ha revocado la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios del Gobierno, acusándolos de participar en actividades que socavan la seguridad regional”
El Gobierno afirmó además que “rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países”, y añadió que condena “la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional”.
En esa línea, se informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, “para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos”.
El comunicado también subraya que “no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial”, agregando que ese proceder “no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país”.
