Un revés categórico sufrió el Ministerio Público luego de que los 24 ministros del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaran, de manera unánime, la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el denominado caso ProCultura.
La acción fue presentada por el fiscal Cristián Aguilar, en representación del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios —quien lidera la indagatoria por encargo del fiscal nacional, Ángel Valencia— con el objetivo de avanzar hacia una eventual formalización de la autoridad regional. Según explicó Aguilar, en esta etapa procesal el estándar exigido era preliminar: bastaba con presentar indicios sobre una eventual participación de Orrego en el supuesto fraude.
A juicio de la Fiscalía, el gobernador habría fraguado junto a Alberto Larraín un fraude que generó un perjuicio superior a mil millones de pesos al Gobierno Regional Metropolitano, a través de la transferencia de recursos para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”, implementado en 2022 en contexto pospandemia.
Durante su alegato, Aguilar sostuvo: “Acá no son tan solo los $ 1.686 millones o los $ 1.000 millones que no fueron restituidos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época pospandemia, el año 2022, respecto de aquellas personas jóvenes, adultos, que tenían tendencias suicidas o para aportar a quienes habían ya tomado esa decisión y sus familias necesitaban asistencia”.
El persecutor agregó que “el problema es que acá se afectó a toda la comunidad de la Región Metropolitana, a un sector de los más vulnerables. Y también eso debe ser considerado. No es tan solo la probidad administrativa o el patrimonio fiscal, sino que también es la comunidad que se ve afectada de recibir un servicio”.
Pese a esos argumentos, el tribunal estimó que los antecedentes expuestos no eran suficientes para privar a Orrego de su fuero. La audiencia se extendió por más de dos horas y, tras un receso para deliberar, se comunicó la decisión unánime de rechazar la solicitud.
Desde la defensa, el abogado Ciro Colombara defendió la legalidad de la actuación del Gobierno Regional. “Las actuaciones respecto del programa Quédate son absolutamente impecables desde el punto de vista del trabajo del Gore, no hubo concierto, no hubo dolo ni ánimo defraudatorio. Claudio Orrego declaró, abrió sus cuentas bancarias y sus comunicaciones son conocidas. Salvo antecedentes indiciarios e interpretados erróneamente, no hay nada. Orrego no ha cometido infracción alguna. Ni penal ni ética”, afirmó.
Colombara adelantó que, una vez conocidos los fundamentos del fallo, analizarán los pasos a seguir, aunque sostuvo que a su juicio procede el sobreseimiento definitivo de su representado.
Desde la otra vereda, el fiscal Aguilar evitó anticipar definiciones respecto de eventuales recursos o nuevas acciones. Indicó que primero deben conocer el contenido íntegro de la resolución antes de evaluar los pasos a seguir.
