Un severo diagnóstico a la gestión financiera de la Municipalidad de San Pablo realizó la Contraloría General de la República, tras concluir una auditoría que evidenció fallas graves, reiteradas y estructurales en el manejo contable, presupuestario y bancario del municipio.
El Informe Final N° 751, de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Los Lagos, detectó que la cuenta 111-02 Banco Estado mantenía un saldo acreedor improcedente superior a los $3.753 millones, situación calificada como altamente compleja y contraria a los principios contables básicos. Debido a la magnitud del desorden y a incumplimientos reiterados en la entrega de información, el organismo fiscalizador ordenó la instrucción de un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas.
El informe también da cuenta de la ausencia total de conciliaciones bancarias en las nueve cuentas corrientes municipales, incumplimiento que impide un control efectivo de los recursos públicos y vulnera instrucciones expresas de la Contraloría General.
A ello se suma el retraso sistemático en la entrega de informes presupuestarios y contables, registrándose más de 70 incumplimientos, con demoras promedio superiores a dos meses, contraviniendo la Ley Orgánica de Municipalidades.
En materia de deudas, la Contraloría constató la existencia de anticipos a rendir cuenta pendientes desde el año 2018, por más de $136 millones, además de saldos en cuentas de deudores financieros e ingresos por percibir sin respaldo ni identificación clara de su origen, algunos de ellos sin movimientos desde 2017.
El informe también advierte una situación considerada grave en términos de control interno: tres exautoridades y funcionarios municipales que continuaban habilitados como giradores de cuentas corrientes, pese a haber cesado en sus cargos, infringiendo instrucciones vigentes de la Contraloría.
Adicionalmente, se detectó que 38 contratos a honorarios no fueron registrados en el sistema SIAPER, incumplimiento que se mantiene pese a los descargos presentados por el municipio.
La Contraloría instruyó al municipio regularizar todas las observaciones en un plazo de 60 días hábiles, mediante planes formales, respaldos documentales y correcciones contables, advirtiendo que varias de estas materias quedarán bajo seguimiento directo del ente fiscalizador.
Revisa el informe completo a continuación:
