El primer choque político entre el gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric y la administración entrante de José Antonio Kast se produjo tras la firma del acuerdo de reajuste al sector público para 2026 entre el Ministerio de Hacienda y las organizaciones sindicales. Más allá del aumento salarial de 3,4%, el foco de la controversia se centró en las nuevas restricciones para la no renovación de contratas en el Estado.
El punto 14 del acuerdo establece que la no renovación de funcionarios a contrata en subsecretarías, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho objetivos y acreditables, descartando que baste la mera invocación genérica de “necesidades del servicio”.
A ello se suma una nueva interpretación del principio de confianza legítima, al señalar que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad ante la no renovación de su designación, limitando además la posibilidad de que la Contraloría se abstenga de resolver, salvo que existan acciones judiciales en curso por los mismos hechos.
Desde el entorno del presidente electo, el presidente del Partido Republicano y asesor cercano de Kast, Arturo Squella, advirtió que el acuerdo podría afectar gravemente la relación entre ambas administraciones. En declaraciones recogidas este jueves, sostuvo que este tipo de medidas podrían “dinamitar” el vínculo político con el actual gobierno y alertó que “si el gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura y no creo que le convenga eso”. Añadió que lo incluido en el proyecto de reajuste es “una señal de alerta muy delicada” y que, de profundizarse con nombramientos o definiciones que correspondan al próximo gobierno, se podría configurar “un escenario que nadie quiere”.
El impacto potencial del acuerdo fue dimensionado por el economista David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, quien estimó que la medida rigidiza el estatus laboral de cerca de 380 mil personas del sector público. Según explicó, solo en el Gobierno Central existen 294.145 funcionarios a contrata, de un total de 534.807 trabajadores, cifra a la que se suman más de 84 mil personas en municipalidades, además de personal en universidades estatales y otros servicios.
“Es un número muy significativo si se considera que hoy los funcionarios de planta, que tienen mayor rigidez, del Gobierno Central y municipalidades son cerca de 245 mil personas. Ahora con el acuerdo se añade a este grupo a casi 380 mil personas adicionales”, afirmó Bravo, quien además cuestionó la falta de información técnica asociada a la medida. “Dado que el acuerdo está suscrito por Hacienda y Dipres, habría sido útil que se pusiera un informe técnico que indicara el alcance del acuerdo y los costos hacia adelante”, señaló.
Desde el mundo sindical, en tanto, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) defendió la norma. Su presidente, José Pérez Debelli, calificó el reajuste como insuficiente, pero descartó que se trate de un “amarre” político, argumentando que el objetivo es evitar la “discrecionalidad abusiva” en los despidos. En entrevista con Radio Cooperativa, recordó que se trata de una demanda histórica del gremio y sostuvo que buscan no transformarse en “botín político del gobierno de turno”, recordando que en 2010 se produjeron más de 11 mil despidos arbitrarios, según indicó.
