La Contraloría General de la República emitió un dictamen con fecha 16 de diciembre de 2025, firmado por la contralora general Dorothy Pérez, en el que se pronuncia sobre la situación administrativa derivada del nombramiento del director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Paillaco, quien mantiene un parentesco de cuarto grado de consanguinidad con el alcalde Cristian Navarrete Quezada.
En el documento, el órgano contralor establece que dicho vínculo familiar no se encuentra dentro de las causales de inhabilidad contempladas en la legislación vigente, descartando expresamente la existencia de ilegalidad o nepotismo en la designación. No obstante, el dictamen precisa que, dada la función asesora que cumple la SECPLAN respecto del alcalde, correspondía que la autoridad comunal se abstuviera de intervenir en el acto administrativo de nombramiento, lo que no ocurrió al suscribirse directamente el decreto respectivo.
La Contraloría concluye que esta omisión configura un incumplimiento del deber de abstención, por lo que instruye al municipio revisar de inmediato la situación y adoptar las medidas necesarias para subsanarla, informando dichas acciones a la Contraloría Regional de Los Ríos dentro del plazo establecido. Asimismo, se dispuso la remisión de los antecedentes para la instrucción de un procedimiento administrativo, precisando que se trata de un mecanismo regular de revisión que no implica, por sí mismo, la aplicación de sanciones.
Tras conocerse el pronunciamiento, el alcalde Cristian Navarrete entregó su versión a la comunidad mediante un video difundido en sus redes sociales la tarde de este jueves. En su declaración, explicó que el dictamen “aborda exclusivamente una situación administrativa relacionada con el deber de abstención” y subrayó que tanto la Contraloría regional como la nacional “han establecido con total claridad que no existe ninguna inhabilidad legal ni irregularidad en el nombramiento, descartando expresamente cualquier figura de nepotismo”.
El jefe comunal detalló que el director de SECPLAN “es una persona que lleva más de 15 años desempeñándose profesionalmente en esa misma dirección, con una trayectoria conocida y evaluada en base a mérito, experiencia y trabajo, no a vínculos familiares”. Añadió que, apenas asumida la actual administración, se realizaron consultas formales a la Contraloría y se pusieron todos los antecedentes a disposición del órgano fiscalizador, incluso frente a una denuncia anónima que también fue derivada a dicha entidad.
Navarrete indicó además que, pese a contar con un pronunciamiento previo favorable, la propia administración decidió realizar una nueva consulta a la Contraloría General “para actuar con total tranquilidad, transparencia y apego a la institucionalidad”. Como resultado, señaló, se recibió el dictamen que instruye precisar el alcance del deber de abstención, instrucción que —afirmó— será cumplida en su totalidad.
Finalmente, el alcalde sostuvo que enfrenta el procedimiento administrativo “con absoluta tranquilidad”, reiterando que la situación corresponde a un ajuste administrativo y no a un acto ilegal. “Hemos actuado de buena fe y dentro del marco legal e institucional, siempre resguardando el buen funcionamiento del municipio y poniendo el interés de Paillaco por sobre cualquier otra consideración”, concluyó.
Lee el informe de contraloría completo a continuación:
