El senador socialista por la región de Los Ríos, Alfonso De Urresti, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar el artículo 52 incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2026. Según señala el documento, dicho artículo afectaría la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) al introducir una condición que limita la dictación de un decreto supremo sobre sitios prioritarios de conservación, contraviniendo la Constitución Política.
Como argumento principal, el requerimiento sostiene que el artículo presentado por la oposición se aparta de las ideas matrices del proyecto de presupuesto y, a la vez, busca modificar una ley permanente, restringiendo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de administración financiera y presupuestaria del Estado. La iniciativa fue liderada por De Urresti y suscrita por 13 senadores: Karim Bianchi, Juan Luis Castro, Tomás de Rementería, José Miguel Insulza, Juan Ignacio Latorre, Daniel Núñez, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Gastón Saavedra, Ximena Órdenes, Esteban Velásquez y Paulina Vodanovic.
Durante la discusión en la Sala del Senado, en la madrugada del 26 de noviembre, cuando se debatió el articulado del Presupuesto 2026, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que “en la Cámara de Diputados indicamos que esta norma era inadmisible porque claramente está fuera de la idea matriz de la ley. Nunca se nos solicitó que se incluyera algo así en la Ley de Presupuestos. (…) A nuestro juicio, sin estar en contra del fondo de lo que aquí se plantea, claramente no corresponde incluirlo en esta ley”.
Por su parte, el senador Alfonso De Urresti argumentó que “la explicación del ministro Grau es clara y precisa. Se incorporó una norma que no está en la idea matriz de la Ley de Presupuestos. Durante los últimos días se hizo un intenso lobby mediático para que ocurriera esta situación que estamos viendo, respecto a la identificación de los sitios prioritarios. Creo que no podemos vulnerar, a través de esta ley, la discusión en extenso, por más de 10 años, consensuada y de alto nivel, que dio para sacar adelante el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.
En las últimas semanas, el gobierno anunció que desistiría de avanzar en la definición de los 99 sitios prioritarios de conservación, que se encontraban en proceso de participación ciudadana, lo que encendió las alarmas de las agrupaciones ambientalistas que, en línea con lo denunciado por el senador Alfonso De Urresti, temen por un retroceso en la protección ambiental. Durante los próximos días, se espera que el Pleno del Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisibilidad del requerimiento para decidir si procede.
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