A finales de noviembre, los diputados de la bancada independientes-PPD —Carlos Bianchi, Jaime Araya, Carolina Marzán, Helia Molina, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa— presentaron un proyecto de reforma constitucional destinado a suspender el pago de pensiones de retiro a funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública que resulten electos para integrar el Congreso Nacional.
La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Bianchi, pone el foco en la diferencia entre las pensiones otorgadas por Dipreca y Capredena a los uniformados en retiro y aquellas administradas por las AFP, además de la edad de jubilación en cada caso. Según expone el documento, los procesos de retiro en instituciones armadas y policiales suelen ocurrir entre los 40 y 55 años, lo que les permite continuar en actividad laboral una vez concluido su servicio.
En ese contexto, el proyecto advierte que “algunos han tenido la osadía de intentar participar activamente en la vida política, presentando candidaturas a cargos de elección popular, siendo incluso electos en algunos casos”. Y agrega que, de llegar al Congreso, “percibirían paralelamente a la dieta correspondiente al cargo de parlamentario, la pensión concedida en su calidad de funcionario en retiro, ambos ingresos con cargo al Fisco”.
Para el próximo periodo legislativo, por ejemplo, asumirán como parlamentarios el general en retiro de Carabineros Enrique Bassaletti, quien llegará a la Cámara de Diputadas y Diputados, y el exgeneral del Ejército Cristián Vial, quien se incorporará al Senado.
Qué propone la reforma
El proyecto busca modificar el artículo 62° de la Constitución Política de la República incorporando un inciso que establezca que “aquel Diputado o Senador que esté pensionado de conformidad con el sistema de pensiones establecidos para el retiro del personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, verá suspendido el goce de la pensión que se le haya concedido, durante el tiempo que perciba la dieta a que refiere el inciso anterior”.
Asimismo, la propuesta aclara que, una vez finalizado el mandato, el afectado “tendrá derecho a que retomar su pensión y que esta sea re liquidada, para los efectos de su retiro posterior”.
