El pasado viernes 5 de septiembre, en el Juzgado de Garantía de Osorno, se desarrolló por varias horas la audiencia de revisión de medidas cautelares de los cuatro imputados por la agresión sufrida por un funcionario del Hospital Base de la comuna, hecho que generó gran repercusión pública tras la viralización de registros en redes sociales.
En esa instancia, el tribunal resolvió revocar la prisión preventiva que pesaba sobre dos de los imputados, reemplazándola por medidas de menor intensidad. La decisión se basó en el análisis de nuevos antecedentes audiovisuales presentados por las defensas.
El abogado defensor de uno de los acusados, Juan Carlos Claret Pool, valoró el cambio de criterio judicial y cuestionó la primera versión entregada por el Ministerio Público. “Incluso podríamos estar frente a la inexistencia de un delito”, sostuvo el profesional, agregando que la causa penal “se inicia tras la filtración de videos, los que estarían desvirtuados o modificados por otro de los imputados”.
Claret insistió además en que “los hechos deben continuar siendo investigados, tanto lo conocido, como nuevos antecedentes que se han conocido durante las indagatorias”.
Por su parte, la fiscal de Río Negro, Ana María Díaz, confirmó que el Ministerio Público solicitó la modificación de las cautelares “considerando el desarrollo de las diligencias y el estado de salud de uno de los imputados, quien se encuentra hospitalizado y es representado por el abogado Claret”.
Con esta resolución, los cuatro acusados permanecerán bajo arresto domiciliario total, además de la prohibición de acercarse o contactar a la víctima y su familia, junto con el arraigo nacional.
