La Contraloría General de la República (CGR) reveló un nuevo reporte que evidencia que 10.805 funcionarios públicos de servicios regionales viajaron fuera del país durante sus licencias médicas o parte de ellas, incumpliendo el reposo prescrito.
El informe, correspondiente al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, indica que estos casos podrían estar vinculados al uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales un 76% corresponde a FONASA y un 24% a ISAPRES.
En total, los titulares de dichas licencias registraron 26.606 entradas o salidas del país, concentrándose los viajes en los últimos meses de cada año. Solo en 2023, un 31,6% de los traslados se produjo entre octubre y diciembre, mientras que en 2024 la cifra aumentó a un 32,1%. El reporte detalla además que 67 funcionarios realizaron entre 16 y 30 traslados, y 30 funcionarios superaron las 30 entradas o salidas durante su reposo laboral.
En el desglose regional, la mayor cantidad de casos se concentra en la Región Metropolitana, con 9.853 registros, mientras que en la Región de Los Ríos se identificaron 147 viajes, equivalentes al 0,55% del total.
Respecto de los servicios involucrados, los funcionarios pertenecen a 442 entidades públicas de carácter regional. Un 67% de las licencias se asocia a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades y corporaciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otros organismos. Entre los casos más destacados figuran el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), SLEP Chinchorro (1.065) y el Servicio de Salud del Reloncaví (780).
Este reporte fue comprometido en junio por la contralora general, Dorothy Pérez, quien ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados señaló que se entregaría un nuevo consolidado con estas cifras. La autoridad recalcó que tras su publicación, “la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor”, los que deberán ser informados a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en un plazo de cinco días hábiles.
Finalmente, la información también será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de que se adopten las acciones correspondientes.
