Una delegación de 9 Consejeros COSOC de las Comunas de Valdivia, Paillaco, Lanco, San José de la Mariquina y Futrono, en representación de la región, además de la presencia del Senador Alfonso De Urresti y el Diputado Iván Flores, se reunieron este día lunes con los principales representantes del Ministerio de Energía encabezados por la Subsecretaria del ramo Jimena Jara Quilodrán; además participó en esta reunión el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y el Superintendente de electricidad y combustible.
El Ministro Máximo Pacheco no pudo estar presente, pues por la situación de catástrofe del norte de nuestro país estaba en esa zona instruido por la presidenta de la república, situación que fue entendida por los dirigentes sociales presentes.
Según detallaron los dirigentes, en la reunión expusieron su postura respecto a los cobros retroactivos en las cuentas de energía eléctrica y fueron enfáticos en señalar que el Ministerio de Energía, como órgano del Estado debe asumir su responsabilidad en este delicado tema, basando sus argumentos, principalmente, en lo estableciso por la ley 18.575 en sus artículos 1, 2, 3 y 4. “El Estado es responsable del daño que causen los órganos de la administración”.
Los dirigentes añadieron que “es un hecho evidente e irrefutable el daño causado a los ciudadanos al endosarles una deuda que no contrajeron (…) hay un evidente daño al patrimonio de las personas pues en vez de asumir la responsabilidad que le cabe, el Ministerio traspasó la deuda a terceros, es decir a nosotros, los ciudadanos, su responsabilidad”.
CONCLUSIONES
Los dirigentes “solicitamos al Ministerio de Energía que en un plazo de 10 días nos entregue una respuesta escrita a nuestra solicitud de dejar sin efecto las cuotas para el pago de las deudas con las empresas eléctricas y que asuma la responsabilidad en virtud de los argumentos expuestos contenidos en la ley 18.575, la forma como solucionen el problema no es de nuestra competencia”, expresaron.
“Entendemos que el origen de este problema se originó en el Gobierno anterior por el incumplimiento de la ley durante cuatro años, pero la responsabilidad por el daño causado no se extingue con el cambio de Gobierno, por lo tanto, la actual administración del Estado debe asumir la responsabilidad (…) para garantizar que se acoja y validen nuestros argumentos, ingresamos el día de ayer en Santiago una nueva solicitud de pronunciamiento al Contralor General de República, quien esta vez no podrá eludir referirse al tema, pues no hay recursos legales en curso que le permitan abstenerse de emitir declaraciones como ocurrió en nuestra primera solicitud, donde debido a que el tema estaba judicializado producto de los recursos de protección presentados, la Contraloría se acogió a una prerrogativa que le otorga la legislación vigente”, aseveraron.
Finalmente los representantes de la Sociedad Civil aseguraron que de no mediar una respuesta favorable, evaluarán una posible demanda en contra del Estado de Chile.
