Este jueves 8 de mayo, en sesión ordinaria del Concejo Municipal, la Concejala Jessica Cossio pidió retomar el proceso judicial iniciado por la Ilustre Municipalidad de La Unión con el fin de recuperar la posesión de un terreno de propiedad municipal que fue cercado por un particular.
En el Juzgado de Letras y Garantía de La Unión se tramita la causa rol C-667-2023, interpuesta por la Ilustre Municipalidad de La Unión contra un particular, por la ocupación irregular de un terreno de propiedad municipal ubicado en calle Leonel Hermosilla N.º 260, en la Población Los Avellanos.
Según la acción judicial presentada en agosto de 2023, el municipio acreditó que el terreno –destinado a equipamiento comunitario y de dominio municipal conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones– fue intervenido con la construcción de una pandereta y utilizado como estacionamiento de carros de arrastre. Esta situación fue constatada en terreno por la Dirección de Obras Municipales mediante el Oficio N.º 272 del 5 de julio del mismo año.
En septiembre de 2023, ambas partes suscribieron un avenimiento judicial en el que el demandado reconoció que la construcción se realizó “por error y de buena fe”, comprometiéndose a retirar el muro a más tardar el 30 de noviembre de 2023. El acuerdo estipuló expresamente que, en caso de incumplimiento, el municipio quedaba facultado para ejecutar la demolición a costo del infractor.
Dado el incumplimiento del avenimiento por parte del particular, la Ilustre Municipalidad solicitó al tribunal el cumplimiento forzado del acuerdo. Sin embargo, el tribunal de primera instancia rechazó en un principio dicha solicitud, lo que motivó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Esta última declaró inadmisible el recurso en agosto de 2024.
Ante ello, el municipio insistió en su petición, logrando que el tribunal ordenara un mandamiento ejecutivo en septiembre de 2024, requiriendo al demandado cumplir con la obligación de demoler el muro en un plazo de 15 días. El requerido fue notificado y no compareció al llamado judicial, por lo que fue tenido por rebelde y opuesto, lo que llevó al municipio a solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Finalmente, con fecha 9 de diciembre de 2024, el tribunal dejó la causa en estado de “autos para resolver”. Desde aquella fecha el proceso judicial ha estado paralizado con el inminente riesgo de ser declarado abandonado.
