Una presentación formal ingresada a la Contraloría Regional de Los Ríos solicita investigar al seremi de Transportes, Jean Ugarte, por presuntas infracciones a la normativa que rige la función pública. Según los antecedentes, el día 8 de mayo el candidato a diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, publicó un video en sus redes sociales grabado en dependencias del servicio, en el que informaba sobre una solución de transporte escolar gestionada para la Escuela Diferencial Walter Schmidt de Valdivia.
La acción —calificada como “claramente proselitista” por el denunciante— fue difundida sin que existiera un registro de audiencia en la plataforma de Ley del Lobby, como exige la normativa vigente. “La gestión fue realizada directamente por el señor Fernández ante el actual Seremi de Transportes, Jean Ugarte, quien lo recibió en las oficinas públicas sin que existiera una solicitud registrada por Ley del Lobby”, indica el documento.
Además, se advierte que aunque existieron gestiones paralelas de apoderados y el propio establecimiento, “fue únicamente junto al candidato oficialista que se realizó una acción comunicacional pública, adjudicándose la resolución del problema y exponiéndola en redes sociales en el marco de su campaña electoral”.
La denuncia invoca el artículo 62 de la Ley N.º 18.575, que establece el deber de prescindencia política de los funcionarios públicos, así como el principio de probidad administrativa. También se cuestiona el posible uso indebido de recursos públicos al permitir la grabación del video en instalaciones gubernamentales y durante horario laboral.
Finalmente, el documento solicita que se evalúe el incumplimiento de la Ley N.º 20.730, sobre Lobby y Gestión de Intereses Particulares, ya que “la plataforma de Ley del Lobby fue revisada, tanto para el año 2024 como para 2025, y en ella no figura ninguna audiencia registrada entre el señor Jean Ugarte y el señor Matías Fernández”.
La presentación, respaldada con capturas de pantalla del video, registros de la plataforma de lobby y documentos audiovisuales, pide a la Contraloría que determine si existió trato preferente, intervencionismo político y uso indebido de recursos públicos, y que se apliquen sanciones administrativas de corresponder.
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