En medio de las medidas adoptadas tras el denominado “bencinazo”, el Gobierno anunció nuevos apoyos económicos dirigidos a mitigar el impacto del alza de los combustibles en los hogares y sectores productivos, con foco en el gas licuado y la pesca artesanal.
Una de las principales iniciativas corresponde a la entrega de un balón de gas licuado de 15 kilos por familia, beneficio destinado al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH). La implementación estará a cargo de los municipios, que serán responsables de canalizar la distribución del aporte.
Durante un punto de prensa en La Moneda, tras el comité “Chile sale adelante”, el presidente José Antonio Kast detalló el alcance de la medida y confirmó el rol de los gobiernos locales en su ejecución. “Serán los municipios los encargados de traspasar este beneficio a las familias”, afirmó.
El plan contempla una inversión de US$225 millones y, según cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda, alcanzaría a cerca de 7,5 millones de familias en todo el país.
En paralelo, el Ejecutivo anunció un subsidio dirigido al sector pesquero artesanal, que consistirá en un aporte mensual de $100 mil por embarcación, durante un máximo de seis meses. El beneficio estará destinado a embarcaciones de hasta 12 metros de eslora, que acrediten actividad efectiva durante 2025 y en el mes en que soliciten la bonificación.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, esta medida podría beneficiar a cerca de 9 mil embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal.
Ambas iniciativas se suman a un conjunto de acciones ya impulsadas por el Gobierno y aprobadas en el Congreso para contener el impacto del alza en los combustibles. Entre ellas, destaca la inyección de recursos para estabilizar el precio de la parafina, cuyo valor comenzará a disminuir de forma gradual desde este jueves, con una proyección cercana a los $1.050 por litro.
Asimismo, se mantiene vigente un bono mensual de $100 mil para propietarios de taxis durante seis meses, destinado exclusivamente a la carga de combustible, junto con modificaciones al impuesto específico al diésel para equiparar condiciones entre distintos sectores productivos.
En materia de transporte, el Ejecutivo dispuso el congelamiento de tarifas en el sistema Red Metropolitana y medidas de contención en regiones. A esto se suma el fortalecimiento de la seguridad para el transporte de carga, mejoras en infraestructura de descanso y una línea de financiamiento de BancoEstado para promover la renovación de taxis y colectivos hacia tecnologías eléctricas.
