El reciente nombramiento de Pedro Marileo como Delegado Presidencial de la Provincia de Arauco ha abierto un debate en la zona, luego de que el medio de comunicación El Líbero diera a conocer una serie de antecedentes sobre su trayectoria como dirigente vinculado a causas territoriales mapuche.
Según el reportaje, en enero de 2015 Marileo se presentó como familiar de comuneros detenidos en Tirúa, quienes participaban en una “recuperación de tierras”. En esa ocasión declaró: «Estábamos en una recuperación de tierra de la Comunidad Antonio Paillao, que son 28 mil hectáreas (…). Existen documentos que avalan que las tierras son nuestras y que fueron usurpadas por forestales y particulares».
Posteriormente, en 2018, volvió a asumir un rol público como vocero de la misma comunidad durante la toma de varios predios en la Provincia de Arauco, en el contexto de movilizaciones tras la muerte de Camilo Catrillanca. En esa instancia, expresó que esperaban “justicia para los peñi” y solicitó la intervención del Gobierno como querellante.
El Líbero también consigna que Marileo tuvo participación como vocero en temas indígenas y como integrante de la ONG Leftraru, desde donde emitió declaraciones sobre el conflicto en la Macrozona Sur. En una entrevista de 2016, señaló: “Apoyamos la reivindicación de lucha que ellos en su momento tuvieron”, en referencia a Héctor Llaitul, y agregó que “La única solución al conflicto es que se vayan las empresas forestales”.
Estas posturas han generado inquietud entre víctimas de violencia rural en Arauco. Desde la Fundación Víctimas del Terrorismo de Chile indicaron al citado medio que el nuevo delegado “ha hablado contra Carabineros, ha hablado contra la Fuerza Armada (…) su lenguaje es de un partidario de los grupos violentos”, agregando que no confían en sostener reuniones con la autoridad.
En la misma línea, una víctima —que prefirió mantener reserva de su identidad— afirmó que la designación “nos causa mucha inseguridad, porque va a tener acceso a todas las diligencias de Carabineros”.
El reportaje también menciona gestiones realizadas por Marileo en favor de personas identificadas como “presos políticos mapuche”, como Víctor Llanquileo y Óscar Pilquiman, ambos condenados por delitos violentos. En paralelo, estos nombres han sido mencionados en reivindicaciones de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), grupo que se ha adjudicado diversos atentados en la zona.
Otro de los puntos que genera controversia, según El Líbero, son sus declaraciones críticas hacia las policías. En 2016 afirmó: “Acá tenemos una militarización que tiene que ver con la discriminación producto de que las comunidades tienen un territorio que fue usurpado por las forestales”.
Frente a los cuestionamientos, Marileo defendió su nombramiento y aseguró: “Yo rechazo completamente la violencia y lo he dicho en todas mis intervenciones”. Además, descartó vínculos con personas involucradas en hechos delictuales y afirmó estar disponible para trabajar por la seguridad de la provincia.
Desde el Ministerio del Interior, en tanto, respaldaron su designación, señalando que las autoridades “son evaluadas en base a su gestión y al mérito en el desempeño de su cargo”.
El contexto de este nombramiento es particularmente sensible en la Provincia de Arauco, una de las zonas más afectadas por hechos de violencia rural en los últimos años, incluyendo atentados incendiarios, ataques armados y el asesinato de tres carabineros en 2024.
