Más de $292 millones: detectan apuestas irregulares de 14 funcionarios municipales en Osorno

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 14 funcionarios municipales de Osorno realizaron transacciones en casinos por más de $292 millones entre 2024 y 2025, pese a estar legalmente impedidos. A nivel nacional, el organismo detectó 910 casos similares por un total superior a $11 mil millones, iniciando acciones para eventuales sanciones administrativas y judiciales.

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La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 14 funcionarios de la Municipalidad de Osorno realizaron apuestas en casinos pese a tener prohibición legal para hacerlo, acumulando transacciones por más de 292 millones de pesos entre enero de 2024 y junio de 2025.

La situación forma parte de los hallazgos contenidos en la circular N° 20 del organismo fiscalizador, que identificó a 910 funcionarios públicos y municipales —pertenecientes a 371 entidades del Estado— que efectuaron operaciones en juegos de azar por un monto total superior a los 11 mil millones de pesos, pese a estar impedidos por ley.

En el caso de Osorno, los funcionarios involucrados se encontraban afectos a la restricción establecida en el artículo 10, letra b de la Ley 19.995, que prohíbe apostar a quienes administran o custodian fondos públicos.

Sobre este escenario, el alcalde Jaime Bertin indicó a Radio Bío Bío que aún no han recibido los antecedentes por parte de la Contraloría, precisando que estos serán revisados por el equipo jurídico municipal una vez que lleguen, con el objetivo de adoptar las medidas correspondientes.

El informe de la CGR se elaboró a partir del cruce de datos entre el registro de funcionarios obligados a rendir caución —por su rol en el manejo de recursos públicos— y la información de clientes que realizaron transacciones en casinos, proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego.

A partir de estos antecedentes, el organismo anunció que remitirá los casos a los servicios públicos y municipalidades involucradas para que inicien procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas.

Asimismo, la Contraloría informó que enviará los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que evalúen posibles acciones dentro del ámbito de sus atribuciones, mientras el ente fiscalizador continuará ejerciendo sus facultades de investigación y sanción.

 

 

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