Un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 9 de marzo de 2026, evidenció una serie de irregularidades en la atención médica de la madre de una exministra de Salud en el Hospital del Salvador, situación que motivó la apertura de un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades administrativas.
El documento detalla que, antes del ingreso de la paciente, existieron gestiones desde el nivel central del Ministerio de Salud. En particular, se señala que “el jefe de asesores del gabinete de la Ministra de Salud… se comunicó… con la finalidad de informar sobre la identificación de la paciente” y coordinar su llegada al recinto.
Estas comunicaciones derivaron en coordinaciones internas previas en el hospital, lo que para el organismo fiscalizador podría constituir una infracción administrativa. De hecho, el informe advierte que estas actuaciones “pueden configurar una contravención” a la normativa que rige la función pública.
Uno de los aspectos más críticos es la priorización de la paciente. La Contraloría concluyó que “no se proporcionaron los antecedentes que permitan justificar una atención preferente”, en comparación con otros pacientes que esperaban atención en condiciones similares.
El impacto de esta decisión fue directo: la intervención quirúrgica de la paciente implicó la postergación de otros casos. Según el informe, la cirugía realizada entre las 11:00 y las 18:00 horas “tuvo como consecuencia la postergación de la intervención quirúrgica” de otro paciente y la suspensión de al menos dos procedimientos adicionales.
La investigación también detectó irregularidades en el manejo de la ficha clínica. Se constató que una modificación fue realizada utilizando las credenciales de otra funcionaria, lo que “podría implicar una vulneración del principio de probidad administrativa”.
A ello se suma que el ingreso de la paciente no siguió los protocolos habituales del servicio de urgencia, vulnerando la normativa vigente en materia de registro y traslado clínico.
El informe también cuestiona la gestión del recinto, al detectar períodos en que el pabellón quirúrgico permaneció sin uso, pese a la alta demanda de pacientes en espera.
Pese a los descargos presentados por el hospital y el Ministerio de Salud, la Contraloría concluyó que los antecedentes entregados “resultan insuficientes para levantar o subsanar tales objeciones”, por lo que decidió mantener todas las observaciones.
En consecuencia, el organismo instruyó un sumario administrativo y ordenó al hospital adoptar medidas correctivas para evitar que situaciones similares se repitan.
