El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, delineó la hoja de ruta legislativa del nuevo gobierno, confirmando la aplicación de urgencias a 20 proyectos de ley que ya se encontraban en tramitación en el Congreso, principalmente en materias de seguridad, migración y combate al crimen organizado.
En conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado sostuvo que estas iniciativas cuentan con un importante nivel de avance, lo que facilitaría su aprobación. “Como son proyectos que se venían tramitando y además han tenido una larga discusión pública, pensamos que vamos a contar con los apoyos necesarios para que estas iniciativas puedan transformarse en ley de la República”, afirmó.
Dentro de los ejes prioritarios, el Ejecutivo busca fortalecer el control de la migración irregular. En esa línea, se impulsará un proyecto que tipifica el ingreso irregular al país como delito, además de modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería para restringir el acceso a beneficios sociales por parte de personas en situación irregular.
Pese a estos ajustes, el ministro recalcó que ciertos derechos fundamentales no serán afectados. “Postular a proyectos, postular a distintos beneficios de carácter social. Pero yo creo que hay dos (beneficios) que para nosotros son muy centrales y que no los vamos a tocar. Uno es la educación y dos es la atención de salud”, señaló.
Otro de los puntos que ha generado debate es la propuesta de modificar el acceso a la gratuidad en la educación superior. Frente a las críticas, García Ruminot aclaró que no se trata de eliminar el beneficio, sino de acotarlo a ciertos casos.
“Yo creo que es la medida que quizás despierta más aprehensiones, porque probablemente inicialmente se entendió de que estábamos terminando con la gratuidad. Yo lo señalo categóricamente, no estamos terminando con la gratuidad”, enfatizó.
En esa misma línea, precisó que el cambio afectaría a un grupo acotado de futuros postulantes. “Se trata simplemente de que un grupo de estudiantes que se calcula que pueden ser más o menos entre 7.000 y 10.000, por tener más de 30 años ya no tendrían acceso a la gratuidad, no los actuales sino que para postular más adelante”, explicó.
Desde el Ejecutivo informaron que, del total de iniciativas priorizadas, tres contarán con discusión inmediata, 13 con suma urgencia y cuatro con urgencia simple, lo que refleja el énfasis del gobierno en acelerar su tramitación en el Congreso.
