Por un estrecho margen, la Sala del Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra, sin abstenciones, en el marco de su primer trámite constitucional.
La moción fue presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind.) y Carlos Kuschel (RN), y ya contaba con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El debate estuvo marcado por un clima de alta tensión política y recriminaciones entre parlamentarios. Tras la discusión, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, sometió a votación el plazo para presentar indicaciones al proyecto, fijándolo hasta el lunes 16 de marzo al mediodía a través de la secretaría del Senado. La propuesta fue aprobada con 27 votos a favor y nueve en contra.
Finalizada la sesión, los senadores Yasna Provoste (DC) y Fidel Espinoza (PS) realizaron reserva de constitucionalidad respecto de la iniciativa.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, criticó duramente la aprobación del proyecto y cuestionó a los parlamentarios que respaldaron la propuesta.
“Las personas que aprobaron este proyecto tienen que darle explicaciones al país por qué aprobaron un proyecto que pone en riesgo la seguridad de las personas de nuestro país. ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niño o niña adolescente? Eso realmente no tiene ninguna explicación”, señaló.
El secretario de Estado también entregó estimaciones sobre el eventual alcance de la norma. Según explicó, el universo de beneficiados podría incluir a más de 300 condenados por delitos de lesa humanidad, además de otros más de 300 condenados por homicidio, femicidio, violación de niños, niñas y adolescentes y parricidio.
“Eventualmente, como es tan malo técnicamente este proyecto, podría beneficiar a 10.000 personas en situación de discapacidad, 10.000 criminales condenados que estén en situación de discapacidad y eventualmente también a enfermos crónicos. En total, el universo puede llegar a 12.000 personas, de eso estamos hablando”, afirmó Gajardo, agregando que esto podría significar que condenados “puedan volver a sus domicilios y poner en riesgo la seguridad de quiénes fueron sus víctimas”, concluyó.
