En la última sesión del período extraordinario, el Senado de Argentina aprobó este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativa que disminuye de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad. El proyecto fue respaldado por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, quedando convertido en ley tras haber sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados el pasado 12 de febrero, donde obtuvo 149 votos favorables y 100 en contra.
La reforma fue impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que inicialmente proponía fijar la punibilidad desde los 13 años. Sin embargo, ante cuestionamientos de sectores opositores, el Ejecutivo accedió a elevar el umbral a 14 años para asegurar su viabilidad legislativa.
Durante el debate, la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional y una de las principales promotoras del proyecto, defendió la medida señalando que “matar no puede ser gratis, ni para un menor de 14 años ni para una persona mayor”.
De acuerdo con el texto aprobado, el objetivo de la ley es “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
La normativa establece que las penas privativas de libertad no podrán exceder los 15 años y podrán cumplirse bajo distintas modalidades: arresto domiciliario, internación en centros especializados para menores o en secciones separadas dentro de establecimientos penitenciarios.
Asimismo, cuando las condenas sean de hasta tres años —o de entre tres y diez años en casos que no correspondan a delitos graves— la prisión podrá ser reemplazada por medidas alternativas. Entre ellas se incluyen amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, inhabilitación para conducir vehículos, restricciones para asistir a determinados recintos recreativos o salir del país, además de trabajos comunitarios.
Según estimaciones del Ejecutivo argentino, la implementación del nuevo régimen implicará un costo superior a 16,08 millones de dólares.
El proyecto fue debatido en el Congreso en el marco de la segunda etapa del mandato de Milei, quien fortaleció su posición política tras imponerse en las elecciones legislativas de octubre.
