Un total de 159 libertades mal otorgadas en los últimos diez años registra Gendarmería, según antecedentes institucionales conocidos recientemente. Las cifras dan cuenta de una problemática persistente en la gestión de excarcelaciones, con años especialmente críticos como 2016 y 2018, cuando se contabilizaron 26 casos en cada período. En 2017 la cifra llegó a 25 episodios.
Tras esos años, los registros muestran una tendencia a la baja. En 2023 se detectaron seis libertades erróneas, el número más reducido del período analizado. Sin embargo, durante 2026 ya se han registrado tres casos vinculados a negligencias o descuidos del propio personal penitenciario.
La subdirectora operativa de Gendarmería, María Angélica Aguirre, reconoció que se trata de una situación que no es reciente. “Lamentablemente, las libertades mal otorgadas no son un fenómeno nuevo, ya sea por errores administrativos de los tribunales o negligencias inexcusables de nuestro personal”, afirmó.
Las excarcelaciones equivocadas han generado cuestionamientos públicos en las últimas semanas, particularmente tras una seguidilla de episodios ocurridos en enero y febrero, incluyendo la liberación de internos por errores administrativos y casos en que debieron emitirse órdenes de detención posteriores para revertir la situación.
En paralelo, el 12 de febrero el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, solicitó al Ministerio Público indagar una eventual premeditación o coordinación de funcionarios en la transgresión de sus obligaciones, en medio de sospechas sobre posibles motivaciones asociadas a la reforma que trasladará Gendarmería al Ministerio de Seguridad.
Como parte de las medidas adoptadas, la institución implementó un plan de acción que refuerza el principio de doble control en la gestión de libertades. A través de una circular interna se estableció que ninguna excarcelación puede ejecutarse con la revisión de un solo funcionario, exigiéndose un chequeo exhaustivo y obligatorio por parte de dos funcionarios, sin excepciones.
Este nuevo protocolo permitió recientemente evitar la liberación de un interno en Copiapó, luego de que un funcionario detectara inconsistencias en la información disponible en el portal del Poder Judicial, confirmándose que el recluso debía cumplir aún una condena pendiente de 301 días.
Desde Gendarmería sostienen que, junto con fortalecer los controles internos, resulta clave mejorar la coordinación con los tribunales para reducir al mínimo la ocurrencia de libertades mal otorgadas, ya sea por negligencias o por errores administrativos externos.
