El Senado de Argentina dio luz verde en la madrugada de este jueves al proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei, una de las iniciativas estructurales más relevantes de su administración. La propuesta fue aprobada con 42 votos favorables, 30 en contra y sin abstenciones, tras una extensa jornada legislativa marcada por alta tensión política y social.
Desde uno de los palcos del recinto siguieron la votación la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Concluida la votación general, el presidente reaccionó en la red social X con el mensaje: “Histórico, VLLC” (viva la libertad carajo).
El proyecto aún debe ser votado en particular —artículo por artículo— y posteriormente pasar a la Cámara de Diputados. El Gobierno busca que la ley quede completamente despachada antes del 1 de marzo, cuando se inicia el período ordinario del Congreso.
Cambios en indemnizaciones y fondo para despidos
Entre los ejes centrales de la reforma figura la modificación de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido. Quedarán excluidos conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios y otros pagos no habituales mensuales, lo que reduce el monto final respecto del régimen vigente.
Asimismo, se habilita a las empresas a pagar condenas judiciales en cuotas: hasta seis pagos en el caso de grandes compañías y hasta doce en pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos.
Vacaciones, licencias y banco de horas
La reforma establece que las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no inferiores a siete días y ser organizadas de manera rotativa. Cada trabajador deberá contar, al menos una vez cada tres años, con un período en temporada estival que coincida con las vacaciones escolares.
En caso de accidente o enfermedad ajenos al trabajo, cuando la baja se deba a un acto voluntario o acción de riesgo para la salud, el trabajador percibirá el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene cargas familiares y seis meses si las tiene. Si la incapacidad no es consecuencia de una conducta voluntaria y riesgosa, recibirá el 75% del salario en iguales plazos.
Las licencias por recaídas de enfermedades crónicas solo se renovarán si transcurren más de dos años entre episodios. Además, se crea un “banco de horas” que permitirá compensar horas extra con días libres o reducción de jornada, bajo acuerdo entre empleador y trabajador.
Derecho a huelga y servicios esenciales
Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación del listado de servicios considerados esenciales, en los cuales no se podrá prestar menos del 75% de funcionamiento durante una huelga.
A los ya contemplados —salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo— se suman telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación (excepto universidades). Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% de su funcionamiento.
También se crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que deberán asegurar al menos el 50% de su actividad en caso de conflicto. Entre ellos figuran el transporte de pasajeros y cargas, la industria farmacéutica, bancos, agro, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería.
Cambios en representación sindical y convenios colectivos
La iniciativa modifica la Ley de Asociaciones Sindicales al establecer que las asambleas y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa y deberán contar con autorización del empleador.
Se tipifican como infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una huelga. Además, se habilita la posibilidad de otorgar personería gremial a sindicatos de empresa que superen en afiliados al sindicato preexistente durante al menos seis meses.
En materia de convenios colectivos, la reforma elimina el principio de ultraactividad, que mantiene vigente un convenio vencido hasta la firma de uno nuevo. De aprobarse definitivamente, los convenios perderán vigencia al expirar su plazo, salvo en lo relativo a condiciones de trabajo. Asimismo, los acuerdos de ámbito menor, como los de empresa, prevalecerán sobre los sectoriales. La derogación de estatutos y regímenes especiales comenzará a regir 180 días después de la sanción de la ley.
Protestas y críticas
Mientras el Senado debatía, en las afueras del Congreso se registraron enfrentamientos entre manifestantes convocados por sindicatos —incluida la Confederación General del Trabajo (CGT)— y fuerzas de seguridad. Hubo uso de gases lacrimógenos, proyectiles de goma y carros lanzaaguas, además de detenidos y heridos.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que tres agentes de Gendarmería y un policía resultaron heridos y que hubo detenidos. Aseguró que los disturbios fueron protagonizados por “grupos de izquierda” que actuaron “de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir y generar caos”, y advirtió: “Las van a pagar”.
Desde el sindicalismo, las críticas fueron categóricas. La secretaria general de ADEMYS, Soledad Mosquera, afirmó que la reforma es “claramente un retroceso y va a implicar una completa esclavitud en cuanto a las condiciones de trabajo”. El diputado de Izquierda Unida Juan Carlos Giordano la calificó de “esclavista y proempresarial”.
