El escándalo por el uso irregular de licencias médicas en el sector público volvió a instalarse en la agenda nacional, luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) revelara que apenas el 1% de los cerca de 25 mil funcionarios involucrados ha sido sancionado, a nueve meses de iniciados los procesos administrativos.
En mayo de 2025, el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que se había instruido a la Contraloría General de la República para iniciar los sumarios correspondientes. Sin embargo, los plazos ya se encuentran vencidos y, de acuerdo con la Dipres, 21.098 procesos disciplinarios continúan abiertos, evidenciando una tramitación considerada excesivamente lenta.
Este escenario llevó al ente contralor a apercibir a, al menos, cinco instituciones públicas por no remitir oportunamente los antecedentes sobre el avance de las investigaciones. La medida implicó la suspensión inmediata y sin goce de remuneraciones de quienes encabezan las unidades jurídicas de dichos organismos, entre ellos la Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Deportes, sanción que se mantendrá vigente hasta la entrega completa de la información solicitada.
El último balance de la Dipres indica que solo el 6% de los sumarios instruidos se encuentra cerrado con resolución ejecutoriada, mientras que 2.711 funcionarios mantienen sus casos pendientes de cierre o de aplicación de sanciones, incluyendo situaciones en que las medidas disciplinarias han sido impugnadas por los propios involucrados.
Según datos de la Dipres, el uso fraudulento de licencias médicas representó un costo estimado superior a los 36 mil millones de pesos en pagos durante períodos de ausencia, recursos que, en un contexto de estrechez fiscal, podrían haberse destinado a otras urgencias del Estado.
