El campamento Las Mulatas, ubicado a un costado de la ruta T-350 de Valdivia y en terrenos fiscales colindantes al humedal del mismo nombre, atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su conformación. El plazo de quince días otorgado por la Municipalidad de Valdivia para que las familias abandonen voluntariamente el terreno llegó a su fin, abriendo paso a eventuales acciones administrativas y judiciales para recuperar la faja vial, administrada por Bienes Nacionales.
La notificación fue realizada mediante un oficio municipal fechado el 22 de diciembre de 2025, en el que se informó a los ocupantes la irregularidad de su permanencia en un bien nacional de uso público. Según cifras actualizadas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), 82 familias continúan residiendo en el lugar, de un total inicial de 124. De ellas, 42 ya han abandonado el campamento utilizando subsidios habitacionales o por sus propios medios.
El asentamiento, también conocido como Latinoamérica Unida debido a la presencia de familias chilenas, haitianas, colombianas, venezolanas y cubanas, surgió a partir de 2020 como respuesta a la crisis habitacional agravada por la pandemia. Su ubicación, junto al acceso al puerto y el humedal Las Mulatas, implica riesgos permanentes de inundación, problemas sanitarios y peligros eléctricos, factores que han sido utilizados por las autoridades para acelerar el proceso de desarme.
No obstante, desde el campamento advierten que las soluciones ofrecidas no responden a la realidad que enfrentan las familias. Así lo plantea la presidenta del Comité Latinoamérica Unida, Alejandra Naguil, quien describe el escenario como “muy preocupante”, afirmando que “ya nos queda poco tiempo” y que el plazo fatal sería el 15 de marzo, tras lo cual “vendrían las máquinas para el desarme de las viviendas”.
Naguil explica que, aunque la mayoría de las familias cuenta con subsidio de arriendo, el acceso efectivo a una vivienda en Valdivia es prácticamente inexistente. “Aunque la mayoría tiene subsidio, nadie quiere arrendar con subsidio. Piden contrato indefinido, liquidaciones de sueldo, Dicom y antecedentes. Yo tengo trabajo y aun así no encontré arriendo”, sostiene, subrayando que la situación es aún más compleja para familias con niños, madres solas o trabajadores informales.
En ese contexto, reconoce que las posibilidades de resistir el desalojo son mínimas. “Estamos obligados a salir, no sacamos nada con protestar”, señala, recordando que anteriores movilizaciones, como las realizadas por el corte de suministro eléctrico, no tuvieron respuesta institucional.
Respecto a las alternativas ofrecidas, la dirigenta cuestiona el carácter transitorio del albergue anunciado por el municipio. Según relata, este espacio estaría disponible solo por un mes, lo que genera una nueva incertidumbre para las familias que no logren asegurar un arriendo. “Después de ese mes, las familias tendrían que irse igual. Eso es muy angustiante”, afirma.
Desde el municipio, en tanto, informaron que en marzo estaría habilitado el albergue para las familias más complejas, en el marco de un programa social de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), aprobado por el Concejo Municipal con un presupuesto de 134 millones 200 mil pesos. La iniciativa busca complementar el trabajo coordinado con la Delegación Presidencial Regional y Serviu, con el objetivo de que la salida del campamento se realice de la forma “más humana” posible. No obstante, también se advirtió que, en caso de no concretarse el abandono voluntario, se hará uso de la fuerza pública.
La situación revive además un compromiso político pendiente. En junio de 2021, durante su campaña presidencial, Gabriel Boric visitó el campamento y aseguró que “no puede haber desalojo sin solución habitacional”, declaración que hoy es recordada por los pobladores como una promesa incumplida.
Mientras el reloj avanza, las familias de Las Mulatas enfrentan un escenario límite, marcando un nuevo capítulo del conflicto habitacional en Valdivia, donde la urgencia social, las restricciones del mercado inmobiliario y las respuestas institucionales vuelven a tensionarse.
