Mediante un comunicado público difundido este martes 28 de enero de 2026, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Fundación PRODEMU denunció un grave proceso de debilitamiento institucional que, de acuerdo con la organización, se arrastra desde decisiones políticas adoptadas en el Ejecutivo y que actualmente tiene como consecuencia más crítica el no pago de las remuneraciones del mes de enero.
En el texto, el sindicato advierte que “no existen las transferencias necesarias para pagar los sueldos de enero, dejando a trabajadoras y trabajadores fuera de la fecha de pago informada”, subrayando que se trata de una situación inédita en la historia de la institución. “En 35 años de historia institucional, esto jamás había ocurrido. Nunca. Bajo ningún gobierno, bajo ninguna administración”, recalca el comunicado.
La organización sindical contextualiza la crisis señalando que PRODEMU fue creada en 1990, en el marco del retorno a la democracia, destacando que “durante 35 años ha construido política pública en los territorios, con presencia nacional, con trabajo sostenido y con un compromiso que ningún gobierno había puesto en duda. Hasta ahora”.
Respecto del origen del debilitamiento institucional, el comunicado identifica como punto de quiebre la eliminación de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, decisión que atribuyen a Irina Karamanos y que, según señalan, se adoptó “sin estudios, sin evaluación de impacto y sin un plan de transición”. A raíz de ello, indican que las fundaciones fueron traspasadas a ministerios “que no tenían ni recursos, ni estructura, ni voluntad real para recibirlas”, situación que afectó directamente a PRODEMU.
En ese contexto, el sindicato afirma que la fundación fue trasladada “sin financiamiento suficiente, con una dotación de trabajadoras y trabajadores superior incluso a la del propio ministerio receptor”, lo que, a su juicio, dio inicio a un proceso sostenido de deterioro institucional, marcado por “tres direcciones nacionales fallidas, ausencia total de conducción política y una precarización progresiva de su funcionamiento”.
El comunicado también apunta responsabilidades en la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, señalando que no se trataría de una omisión, sino de acciones concretas. En esa línea, el sindicato sostiene que la secretaria de Estado “firmó un convenio de transferencia para los años 2024–2025 que excluye expresamente los derechos laborales emanados de los contratos colectivos de PRODEMU”, pese a haberse cerrado recientemente procesos formales de negociación colectiva. “No puede alegar desconocimiento. No puede alegar error. Fue una decisión política deliberada”, afirma el texto.
Para la organización sindical, el escenario actual no corresponde a un problema administrativo, sino a una responsabilidad política de mayor alcance. “Esto no es desorden administrativo, es maltrato institucional. No es una falla técnica, es negligencia política grave”, señala el comunicado, agregando que “dos nombres resumen este desastre: Irina Karamanos, por destruir sin medir consecuencias; Antonia Orellana, por administrar, profundizar y legitimar ese daño”.
Finalmente, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de PRODEMU sostuvo que no aceptará el silencio ni la precarización como política pública, afirmando que “defender PRODEMU es defender la memoria democrática, los derechos laborales y el rol del Estado en la igualdad de género”, concluyendo que “el daño que esta administración le está causando a PRODEMU no se borra con discursos, ni con feminismo declarativo, ni con excusas tardías”.
Lee el comunicado a continuación:
