Las municipalidades de Valdivia, Mariquina y Lago Ranco, además del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valdivia, figuran entre las 72 entidades estatales que contrataron a personas inhabilitadas para ejercer funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes, según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 19 de la Contraloría General de la República (CGR).
De acuerdo con el informe del órgano contralor, a nivel nacional durante 2025 se identificaron 35 casos de este tipo, concentrados principalmente en el ámbito escolar, bajo cargos de profesores, asistentes de la educación y auxiliares de aseo. Estos antecedentes se suman a una cifra histórica de 164 casos detectados entre 2020 y agosto de 2025 en instituciones públicas del país, incluyendo servicios y municipios.
La CGR recordó que la normativa vigente —establecida en el Código Penal y el Decreto Ley N° 64— obliga a todas las instituciones públicas a verificar el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de concretar cualquier contratación. El incumplimiento de este procedimiento, advierte el informe, compromete la protección de derechos fundamentales y la seguridad de niños, niñas y adolescentes.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría instruyó a las municipalidades de Valdivia, Mariquina y Lago Ranco, al SLEP Valdivia y a los demás organismos involucrados a poner término inmediato a los vínculos jurídicos con las personas inhabilitadas e iniciar sumarios administrativos para determinar las responsabilidades de quienes autorizaron dichos nombramientos. Las entidades disponen de un plazo máximo de cinco días hábiles para reportar el cumplimiento de estas medidas.
Revisa el informe a continuación:
