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Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España condenan uso unilateral de la fuerza en Venezuela

Mediante un comunicado conjunto, los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España manifestaron su profunda preocupación por los hechos ocurridos en Venezuela, rechazaron el uso unilateral de la fuerza y reafirmaron la necesidad de una salida pacífica, política e inclusiva, en apego al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

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Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España expresaron, a través de un comunicado conjunto, su “profunda preocupación y rechazo” frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, advirtiendo que estas contravienen principios fundamentales del derecho internacional y representan un grave riesgo para la estabilidad regional.

En el documento, los seis países subrayan que dichas acciones vulneran “la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, y alertan que constituyen “un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

Asimismo, el comunicado reafirma que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas. En ese sentido, los gobiernos sostienen que la solución debe surgir “mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”. Añaden que solo “un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos”, puede derivar en una salida democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.

En la declaración conjunta también se reafirma el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, basada en el respeto mutuo, la no intervención y la solución pacífica de las controversias. En este marco, los países firmantes hicieron un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que amenace la estabilidad del continente.

Finalmente, el comunicado expresa preocupación ante “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, señalando que estas prácticas son incompatibles con el derecho internacional y representan una amenaza para la estabilidad política, económica y social de la región.

 

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