Luego de que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Ríos rechazara en todas sus partes la denuncia presentada contra el exalcalde de La Unión, Andrés Reinoso Carrillo, el actual jefe comunal, Saturnino Quezada Solís, junto a las concejalas Emilia Rauld Dercolto y Erica Paredes Naguil, decidieron apelar la sentencia ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
El requerimiento original, ingresado en junio de 2025 en medio de la controversia pública por el déficit municipal, buscaba que el TER declarara la responsabilidad administrativa del exalcalde por notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad administrativa, con el objetivo de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos conforme al artículo 60 letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Sin embargo, en su fallo del 19 de diciembre, el Tribunal concluyó que ninguna de las imputaciones fue acreditada bajo el estándar jurídico exigido, absolviendo completamente al exjefe comunal.
Frente a ello, los denunciantes recurrieron al Tricel, argumentando que el TER aplicó erróneamente un estándar probatorio propio del derecho penal —“más allá de toda duda razonable”— en un procedimiento de naturaleza administrativa, donde, sostienen, basta la convicción fundada del tribunal. En el escrito, se advierte que esta exigencia “restringe injustificadamente el control de la probidad administrativa y vulnera el principio de juridicidad”, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que ha corregido criterios similares en el pasado.
Uno de los ejes centrales de la apelación apunta a las omisiones detectadas en el Acta de Traspaso de Gestión del período 2021-2024. Según los recurrentes, la falta de información financiera clave —como pasivos, estado de situación presupuestaria y avances del PLADECO— constituye un incumplimiento objetivo del artículo 67 de la Ley N° 18.695. Si bien el TER estimó que el exalcalde entregó gran parte de los antecedentes disponibles y que la falta de firma del acta no configura por sí sola abandono de deberes, la apelación sostiene que dichas omisiones afectan gravemente la transparencia y la continuidad administrativa.
El recurso también cuestiona la conclusión del Tribunal respecto de las deudas municipales y facturas impagas, señalando que la omisión de estos pasivos en el acta oficial no puede considerarse irrelevante, aun cuando estuvieran registradas en sistemas internos. A ello se suma la controversia por la incorporación de ingresos por concepto de royalty minero en el presupuesto 2025, punto en el cual el TER calificó los eventuales errores como corregibles, mientras que los apelantes los consideran una infracción grave a los principios de responsabilidad fiscal y probidad.
Asimismo, se impugna la valoración que hizo el fallo respecto de determinadas contrataciones directas, como el desarme de un gimnasio municipal, y se acusa una deficiente motivación de la sentencia, al estimar que el Tribunal no explicó con suficiente detalle por qué las irregularidades denunciadas no alcanzaban la gravedad necesaria para configurar las causales legales invocadas.
Con todo, el recurso solicita al Tricel que revoque la sentencia del TER y declare que el exalcalde Andrés Reinoso incurrió en notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad administrativa, imponiendo la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.
Si la apelación no prospera, el fallo del Tribunal Electoral Regional quedará firme y ejecutoriado, con lo cual el exalcalde Andrés Reinoso quedará absuelto de manera definitiva.
Revisa la apelación ante el TRICEL completa a continuación:
