La Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Fiscalía Regional de Los Ríos acusó a un empresario como presunto autor del delito de daño ambiental calificado, en una causa cuya audiencia de preparación de juicio oral se realizó ayer en el Juzgado de Garantía de Mariquina.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos investigados se remontan al período comprendido entre los últimos meses de 2023 y febrero de 2024, cuando el imputado habría desarrollado una serie de intervenciones en un cerro del sector Yeco, en la comuna de Mariquina. Estas acciones incluyeron la remoción total de la capa vegetal y la extracción de material, el que posteriormente habría sido utilizado para el relleno de un humedal ubicado a orillas del río Lingue.
Según la acusación fiscal, dicho humedal está catalogado como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de Los Ríos, por lo que las obras ejecutadas habrían provocado un daño grave e irreversible al ecosistema, configurando así el delito de daño ambiental calificado.
En razón de la magnitud de las afectaciones detectadas, la Fiscalía solicita una pena de 8 años de presidio efectivo, junto con el pago de una multa de 24 mil unidades tributarias mensuales, lo que equivale aproximadamente a $1.700 millones.
Durante la audiencia realizada ayer, se dio por preparada la realización del juicio oral, el que marcará un hito a nivel regional al tratarse del primer proceso de este tipo en la Región de Los Ríos por un delito ambiental incorporado recientemente al ordenamiento jurídico chileno y vigente desde agosto de 2023.
En el marco de la investigación, el Ministerio Público recabó antecedentes de diversos organismos técnicos y fiscalizadores, entre ellos el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección de Obras Municipales y el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Mariquina, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), además de peritajes efectuados por la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) de la Policía de Investigaciones.
